La justicia definirá hoy si prosiguen o no las elecciones judiciales, luego de que magistrados de Beni y Pando declararon desierta la preselección de candidatos para el TSJ y TCP. El Gobierno espera que se “remedien los fallos” y anuncia un posible juicio por prevaricato.

El ministro de Justicia, César Siles, informó que hoy a las 16.00 se llevará una audiencia de acción de cumplimiento en una Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz para dar soluciones al proceso electoral.

“La voluntad del Gobierno, del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca es que estas elecciones se lleven a cabo. Hemos recibido con expectativa la audiencia de acción de cumplimiento”, dijo ayer a los medios.

La autoridad consideró que en la audiencia “se van a remediar las desacertadas resoluciones que se emitieron” magistrados de Beni y Pando, que mediante fallos declararon desierta la convocatoria de preselección de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, indicó que los magistrados se “extralimitaron en sus fallos” y que ejecutarán acciones legales porque la medida es un “golpe a la democracia”.

La mañana de ayer se conoció que la Sala Constitucional Tercera de El Alto concedió una medida cautelar para que el TSE prosiga con la organización de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre.

Según el calendario electoral, hoy el TSE debería comenzar con la difusión de méritos de los 127 candidatos que están en carrera electoral para el Órgano Judicial y el TCP.

Siles explicó que la Sala Constitucional de La Paz, en esta acción de cumplimiento, dispuso con una medida cautelar la prosecución del proceso electoral conforme al artículo 190 de la Ley de Régimen Electoral.

Además, el fallo de hoy tendrá un carácter vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio de prosecución del proceso electoral.

Para el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi, el país vive momentos de incertidumbre por los amparos y recursos presentados por excandidatos a magistrados judiciales.

JUICIO POR PREVARICATO

Debido a los fallos por las salas constitucionales del Beni y de Pando, el ministro de justicia indicó que se tomarán acciones en contra de las autoridades judiciales ante un posible prevaricato.

“El Ministerio de Justicia está haciendo el análisis de posible prevaricato a las autoridades judiciales tanto de Beni como de Pando, estamos seguros de que ambos fallos van a ser en revisión por el Tribunal Constitucional”, señaló.

Dijo que como Gobierno se va a garantizar el “cumplimento de los derechos colectivos de todos los bolivianos”.

Alcón desmiente que Gobierno busque frenar las judiciales

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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió que el Gobierno nacional busque frenar las elecciones judiciales; al contrario, denunció que hay actores políticos que pretenden perjudicar ese proceso.

“Queremos recordarle al país que como Gobierno —y lo ha hecho el propio Presidente (Luis Arce)— se debe respetar la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que deben llevarse las elecciones judiciales. Como Ejecutivo hemos cumplido con la competencia que se nos otorga al designar los recursos necesarios”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

Luego de que se conocieron los fallos en los que Beni y Pando declararon desierta la convocatoria para el TSJ y el TCP, políticos opositores culparon al Gobierno nacional de pretender frenar las elecciones judiciales.

“Nosotros, en todo caso, desmentimos las declaraciones de algunos sectores que han intentado responsabilizar al Ejecutivo por ello, más bien creemos que existen algunos actores políticos que tienen interés en que se paralice este proceso”, remarcó.

El Gobierno nacional destinó Bs 183 millones para las judiciales, de los que el TSE ejecutó Bs 55 millones.