Después de un cuarto intermedio del jueves en sesión distrital, en la cual no se alcanzó la mayoría simple de votos para aplicar una sanción penal al Alcalde –que consiste en remitir obrados al Ministerio Público–, ayer se retomó el caso para determinar una sanción administrativa por el supuesto incumplimiento del Ejecutivo a las recomendaciones de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General del Estado.

En el primer día los concejales Rosario López, Santiago Ticona, Kathia Zamora y Santiago Vargas votaron porque se aplique doble sanción: administrativa y penal a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), los concejales Vicente Medrano, Omar Montalvo y Juana Maldonado votaron en blanco y el concejal Pablo Arízaga votó por que se aplique sólo la sanción administrativa.

Arízaga explicó que su voto se justifica en el sentido de que el informe de la Contraloría indica que existen indicios de responsabilidad administrativa y no penal. Añadió que cualquier concejal que tenga certeza del incumplimiento de la MAE está en la obligación de remitir actuados del caso al Ministerio Público.

Asimismo recordó que hace un mes el Concejo Municipal observó el proyecto de convenio que la Alcaldía debe firmar con la Compañía Eléctrica Sucre para reconocer la vigencia de la Tasa de Alumbrado Público que actualmente se cobra a la población de manera ilegal, sin ningún estudio técnico ni una norma legal que lo avale, hecho que fue observado en un informe de auditoría por la Contraloría General del Estado el 2017.

CONVENIO

El Secretario Municipal de Infraestructura Pública, Jaime Daza, informó que al momento los técnicos del municipio se encuentran subsanando las observaciones de la parte legal para su devolución al Concejo Municipal la siguiente semana.

“Definitivamente debemos entrar en la legalidad”, sostuvo al solicitar a la población calma ante versiones infundadas de posibles incrementos en la tasa de alumbrado público “No se va cargar nada a la población” aseguró.