La realización de las elecciones primarias de los binomios presidenciales da lugar a que los militantes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas elijan a sus candidatos y los resultados de estas elecciones tendrán carácter vinculante y será cumplimiento obligatorio. Las elecciones primarias serán administradas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Respecto a la paridad de género, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, justificó que la misma no alcance a binomio presidencial señalando que los últimos 12 años, el país vivió transformaciones radicales en la participación política de la mujer.

"En la transición del MAS, cuando aún buscaba una sigla, sus decisiones fueron paritarias así como su dirigencia. El MAS tenía paridad cuando todavía no era exigencia en la ley", señala el comunicado de prensa la Cámara baja.

Sobre el financiamiento económico a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el proyecto establece retornar al financiamiento indirecto público y prohíbe recibir recursos del exterior. Si es que se trata de cooperación internacional para fortalecer la democracia, el Tribunal Supremo Electoral estará encargado de distribuirlos bajo el criterio de proporcionalidad y equidad.

En este marco, el proyecto de Ley señala que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán rendir cuentas ante sus militantes y la ciudadanía sobre los recursos que administra. Este aspecto fue ampliamente debatido con miembros de la oposición.

La propuesta normativa además establece que la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se dará, entre otras razones, por su participación en acciones que conlleven racismo y discriminación, o la comprobada participación en golpes de Estado, sedición y separatismo.

También se aprobó entre otros, artículos referidos a los derechos y deberes de las organizaciones políticas, así como la militancia libre y voluntaria de las y los ciudadanos y de la colectividad, mismas que están consagradas en la Constitución Política del Estado (CPE), además de los derechos y deberes políticos de los miembros de organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

El Proyecto de Ley que cuenta con 105 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una abrogatoria y que prevé remplazar a la Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999, fue enviada al Senado para su consideración y se prevé que la próxima semana sea sancionada.