El Tribunal Supremo Electoral (TSE) devolvió la lista de los candidatos para las elecciones judiciales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y determinó la suspensión del calendario de actividades. Ante este panorama la institución ya analiza un cambio de fecha de los comicios, previstos inicialmente para el 1 de diciembre.

“El TSE ha devuelto la lista de candidatos a la Asamblea Legislativa en fecha 16 de octubre de 2024, conforme a la disposición del juez Charles Mejia, de la Sala Constitucional del Beni”, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe a la red Unitel.

La decisión se produce tras un fallo de la Sala Constitucional del Beni que declaró desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional (TCP) y falló a favor de Hugo Vargas Palengue, un candidato que quedó inhabilitado durante el proceso de preselección en el legislativo y adujo que hubo irregularidades.

“Cumpliendo lo dispuesto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, remito a su consideración y los fines pertinentes, las listas de candidatas y candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional contenidas en las siguientes Resoluciones”, señala la carta firmada por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, dirigida al vicepresidente, David Choquehuanca.

“Por el fallo de ayer, las elecciones judiciales estarían en riesgo en su realización del 1 de diciembre”, dijo el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, entrevistado por la red Unitel, al señalar que hay poco margen para que los comicios se realicen en la fecha prevista.

Agregó que la Sala Plena analizará si se suspende todo el calendario hasta tener mayor claridad de las decisiones de los tribunales. Este jueves por la tarde hay una audiencia en una Sala Constitucional de La Paz para definir una Acción de Cumplimiento mediante la cual se pretende que el TSE continúe con el proceso rumbo a las judiciales.

“El modificar la fecha de la elección o trasladarlo al año 2025 implica una serie de situaciones que sobrepasan a las facultades del Tribunal Supremo Electoral”, advirtió Vargas. En primer lugar se debería reformar la Ley 1549 que establece que las judiciales deben realizarse en este año. Una postergación de las judiciales también afectaría a las elecciones generales del 2025. El TSE esperaba lanzar la convocatoria en abril del próximo año y realizar los comicios el 17 de agosto.

Vargas también anticipó que se presentará una medida ante el actual TCP, aunque los plazos que tiene esta instancia son una de las barreras para realizar las judiciales en la fecha prevista. También se pondrá en conocimiento este problema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de las misiones y organismos de observación electoral.