El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la “revisión urgente” de los fallos emitidos recientemente sobre las Elecciones Judiciales y exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a proseguir con el proceso.

Mediante un comunicado, expresó su profunda preocupación por las recientes resoluciones de las Salas Constitucionales de Pando y Beni, que declararon desiertas las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según la presidencia de la ALP, estos fallos que responden a dos acciones de Amparo Constitucional que “van más allá de las atribuciones y funciones establecidas por el ordenamiento constitucional y legal. Las decisiones de las Salas afectan a terceros que no fueron citados en dichas acciones de defensa”.

Asimismo, se cuestiona que estas Salas se atribuyan funciones de control normativo que no les competen, al haber dispuesto la "inaplicación del Artículo 37, parágrafo II de la Ley No 1549", una disposición que rige las elecciones judiciales.

“La Presidencia ALP informó que ha realizado las representaciones correspondientes ante la Sala Constitucional de Pando y ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que revise de manera urgente los fallos emitidos. Se espera que las decisiones que se asuman se ajusten plenamente a la Constitución Política del Estado, respetando el marco normativo vigente”, señala un reporte institucional.

También recuerda que los fallos o sentencias no pueden ser aplicados de manera retroactiva y mucho menos desconocer el principio de preclusión de las etapas de preselección y elección que comprende la Convocatoria para elegir autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme lo establece la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

Ante esta situación, exhortó al Órgano Electoral a proseguir con el proceso de elección de autoridades judiciales en curso, “observando los derechos del pueblo boliviano y asegurando la continuidad de este proceso crucial para el país”.