Si el Gobierno quiere referéndum en la misma fecha de las elecciones judiciales, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para el 1 de diciembre, deberá aprobarlo, mediante decreto o por ley, hasta finales de agosto o los primeros días de septiembre, advirtió el vocal Gustavo Ávila.

“La ley establece que se necesitan mínimamente 90 días para llevar adelante un proceso de referéndum, ése es el plazo que tendría cualquier instancia que pretenda llevar adelante la iniciativa de referéndum. Entonces, si la elección va a ser el 1 de diciembre, necesitamos 90 días anteriores para llevarlo adelante”, explicó el vocal del TSE en entrevista con DTV.

Puede leer: El TSE tendrá un “compás de espera” con el proyecto de ley de suspensión de primarias

Proceso

Sin embargo, como lo dijo en La Razón el martes, Ávila informó que todavía el Gobierno no remitió al TSE las preguntas que pretende consignar en el referéndum. Explicó que se debe realizar un análisis técnico de las consultas y un análisis jurídico por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

De igual manera, al momento de oficializar la fecha de los comicios judiciales, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, pidió no hablar del referéndum, pues “solo está ahí como idea”, sin ningún avance.

En criterio del vocal, el Tribunal Electoral podría llevar adelante, “sin ningún inconveniente”, dos procesos electorales esta gestión, elecciones judiciales y primarias, pero con un tercero, referéndum, la situación se complicaría.

Referéndum

El 6 de agosto, en su discurso del Día de la Patria, en la Casa de la Libertad de Sucre, el presidente Arce anunció un referéndum para la misma fecha de las elecciones judiciales. Propuso tres consultas: suspensión o no de la subvención de combustibles, redistribución de escaños legislativos y reelección presidencial continua o discontinua.

El Gobierno adelantó que, según la Ley 026, de Régimen Electoral, el presidente podría aprobar el referéndum mediante decreto supremo. Sin embargo, diputados y senadores exigen que se apruebe mediante ley, previo tratamiento en la Asamblea Legislativa.