El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas fue aprobado tras un intenso debate en el que en algunos momentos hubo tensión y acusaciones mutuas entre oficialistas y opositores dentro del hemiciclo parlamentario.

El documento, presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), preveía originalmente una implementación progresiva de las primarias hasta las elecciones generales de 2024, pero la mayoría oficialista del MAS en la Cámara baja decidió adelantarlas a 2019.

Ese cambio se aprobó pese a que el TSE explicó esta semana que algunas de las nuevas disposiciones operativas y plazos en el proyecto "inviabilizarían técnicamente la organización y administración de elecciones primarias en la gestión 2019, por lo que debieran ser ajustados o derivados a reglamentación especial" que deberá elaborar el Órgano Electoral.

El MAS, cuyos militantes ya proclamaron varias veces a Evo Morales como candidato para las elecciones de 2019, aseguró que las primarias favorecerán la participación ciudadana en la designación de candidatos y la democratización interna de las organizaciones políticas.

El diputado de Unidad Demócrata Gonzalo Barrientos lamentó que el oficialismo no haya tomado en cuenta la propuesta de su bancada para incluir en el proyecto "que se respete el voto del pueblo" y el resultado del referéndum de 2016 en el que se rechazó una reforma para permitir la reelección de Morales en 2019.

Según una información oficial de la Cámara Baja, en el tratamiento del proyecto se realizaron algunos “cambios propuestos por oposición y oficialismo con el fin de profundizar la democracia mediante la regulación de la conformación y funcionamiento interno de las organizaciones políticas".

Esta nueva ley supone un golpe para los grupos y plataformas ciudadanas contrarias al Gobierno, que anticiparon resistencia a esa norma.

El senador del Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, anticipó que la próxima semana solicitará al presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, enviar el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que verifique su legalidad.