La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó este miércoles al Tribunal Constitucional (TCP) que tome las medidas necesarias para asegurar que los comicios judiciales programados para el 1 de diciembre se lleven a cabo, ya que estos están en riesgo tras los fallos que han declarado «desiertas» algunas fases del proceso electoral.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mencionó que se está enviando una nota al presidente del TCP para que adopte decisiones rápidas y oportunas en favor de las elecciones judiciales.

Declaraciones sobre el proceso

Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto ocurrió debido a recursos planteados por algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.

Callisaya advirtió que una posible paralización de las elecciones judiciales representaría una «situación muy peligrosa» que «profundiza la fragilidad institucional democrática» en Bolivia.

Acciones del defensor del pueblo

El defensor del Pueblo enfatizó que sería «funesto» para la población si la institucionalidad del Estado no logra resolver este problema. Además, mencionó que se comunicará con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que se tomarán en este caso.

También planea acercarse a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas para discutir la situación.

Reacciones del TSE y expresidentes

Ante la posibilidad de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó que tomará «todas las acciones legales» necesarias para garantizar la realización de los comicios. Lamentó que las salas constitucionales se hayan «extralimitado en su análisis» al colocarse «por encima del Legislativo».

El expresidente Evo Morales, a través de un mensaje en la red X, acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales «en una bolsa más de sus prebendas», lo que vacía de legitimidad el proceso.

Opiniones de otros expresidentes

El también exmandatario Carlos Mesa expresó en sus redes sociales que el Gobierno «acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia», permitiendo que «los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades».

Eduardo Rodríguez, expresidente de 2005 a 2006, afirmó que es «más que urgente» iniciar un diálogo político y ciudadano para llevar a cabo una reforma estructural del sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados.

Contexto constitucional y elecciones anteriores

La Constitución, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los principales tribunales del país deben ser elegidos por voto popular, después de ser seleccionados por el Legislativo, para un mandato de 6 años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco, rechazando los procesos porque los consideraron manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que podría resultar en la elección de jueces afines al oficialismo.

Problemas en la convocatoria actual

Los nuevos comicios judiciales estaban programados para 2023, pero no se llevaron a cabo debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como a los recursos legales que obligaron a que la convocatoria se reiniciara varias veces.

En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de otras cortes, argumentando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.

Protestas y situación actual

La extensión del mandato de los jueces provocó fuertes protestas tanto de la oposición como del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, aunque esto finalmente no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de diciembre.