La vocal electoral Nelly Arista pide a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto los contratos suscritos con diferentes entidades y empresas para la realización de las elecciones judiciales que fueron suspendidas por salas constitucionales de Pando y Beni, además de declarar desierta la convocatoria para candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La tercera elección judicial de Bolivia, prevista para el 1 de diciembre, en la que se debe elegir a 26 nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP tiene un presupuesto de Bs 204.711.725. El TSE pidió un incremento del presupuesto original por el alza en los costos de la logística para la organización de los comicios; además, que son 139 candidatos los seleccionados y no 96 como estaba previsto inicialmente.

Arista calificó que la resolución de contratos suscritos por el ente electoral es una medida precautoria ante la incertidumbre en que ingresó el proceso electoral que debía llevarse a cabo el 1 de diciembre de este año; en ese sentido, aseveró que una de las primeras medidas debería ser la reversión de las contrataciones de medios de comunicación cuya pauta debía iniciar esta jornada.

“Desde hoy teníamos que iniciar esa difusión hasta el 27 de noviembre, sería así efectivamente 45 días que nosotros tenemos que hacer conocer al pueblo boliviano quiénes van a ser las autoridades judiciales, cosa que esta incertidumbre no nos esta permitiendo hacer avanzar”, afirmó para posteriormente exhortar a los tribunales de justicia, en el marco del respeto de la independencia de poderes, “realicen una buena concentración de sus resoluciones y de sus actos constitucionales”, a propósito de lo determinado en Pando y Beni, pero que fue refutado por una sala de El Alto.

La autoridad electoral dijo que no se puede afectar la economía del pueblo boliviano por la erogación de recursos destinados a realizar esas justas y que, con la paralización definida por la justicia, se corre el riesgo de provocar un severo daño a las arcas estatales debido a que el TSE suscribió más de 60 mil contratos por un monto que asciende a los 112 millones de bolivianos; además, que ya se ejecutó una cifra que bordea los 70 millones de bolivianos.

“Hay otros contratos que están en curso con otras empresas, por ejemplo, ya se estaba elaborando el contrato para la impresión de las papeletas; además, hay muchas pequeñas empresas que se estaban contratando por consultorías y otros, toda esa situación está en marcha y en camino; reitero, estamos en una incertidumbre, estamos esperando la resolución de El Alto, por eso, invoco al Órgano Judicial  que obremos con justa causa para el pueblo boliviano, que veamos en serio este tema de las elecciones judiciales”, aseguró.