Tras conocerse las disposiciones de dos Salas Constitucionales, en Beni y Pando, declarando desiertas las convocatorias a elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con lo que quedó paralizado el desarrollo de las elecciones judiciales, se volvió a apuntar a un sistema de justicia prorrogado como principal responsable de despreciar la democracia y tratar de llevar al país a un escenario de quiebre.
Ayer, la Sala Constitucional de Pando, bajo el argumento de no haberse cumplido con parámetros de equidad de género, representación indígena y la incorporación en listas de postulantes reprobados, concedió tutela al recurso de Amparo presentado por la expostulante al TSJ, María Esther Caero.
Posteriormente, la Sala Constitucional de Beni, concedió tutela al recurso de Amparo solicitado por Hugo Vargas Palenque, declarando desiertas las convocatorias, tanto para la elección del Tribunal Constitucional Plurinacional, como del Tribunal Supremo de Justicia. Además, se determinó que dejó sin efecto el artículo 37 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales.
Al respecto, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, responsabilizó por estas determinaciones a los magistrados autoprorrogados que, en su criterio, continúan manejando los destinos de la justicia en el país.
“Vuelven a paralizar las elecciones judiciales, burlándose de la voluntad popular y aferrándose al poder corrupto”, expresó la senadora por Cochabamba.
Asimismo, afirmó que este tipo de acciones demuestran y evidencian un “desprecio por la democracia” que ya no debe permitirse por la población boliviana. “Basta de excusas, el pueblo exige un cambio real y la limpieza de este sistema podrido”, añadió.
Por su parte, la diputada María René Álvarez, advirtió que, con estos fallos, los “usurpadores de la justicia” tratan de consolidar una dictadura en el país, postergando lo más posible la realización de las elecciones judiciales, al grado de dilatar la votación popular para elegir a nuevas autoridades de justicia hasta la próxima o la subsiguiente gestión, con todos los inconvenientes que ello implicaría.
“Esto implica llevar al país a un escenario de quiebre. Ya no solo es la desinstitucionalización ni sometimiento de poderes, es sembrar el campo para la anarquía y la convulsión, que el régimen de Lucho y David va a tratar de aprovechar para tapar su nefasta gestión”, adelantó.
Para Álvarez, esta situación no puede permitirse, pues se constituye en un nuevo atropello. “Se tiene que denunciar esta toma de facto de los órganos Judicial y Legislativo por parte de estos socios políticos alineados a ambos bandos del MAS”, concluyó.
Según la determinación de la Sala Constitucional de Pando, el proceso debe volver a foja cero, al no haberse cumplido con los requisitos de equidad de género, indígena y de número mínimo de postulantes.
También se objetó que entre las postulantes al TSJ por el departamento de Pando, la Comisión Mixta de Constitución, encargada del proceso de preselección, haya incluido a una postulante de Cochabamba, con la finalidad de cumplir con el número mínimo de participantes requerido por departamento, impidiendo una votación en igualdad de oportunidades.
El parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, refiere que en el caso que el número de postulantes en relación a cada Tribunal y Consejo de la Magistratura sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir con las exigencias constitucionales de género y plurinacionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta correspondiente en las etapas del proceso. Ésta declaración corresponderá por cada Tribunal y/o Consejo de la Magistratura de manera independiente.
“En el caso de declararse desierta la Convocatoria del Proceso de preselección para alguna de las cuatro instituciones objeto de esta Ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará nuevamente al proceso de preselección que corresponda”, apunta el parágrafo segundo del mismo artículo.
Desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que con una paralización de las elecciones judiciales, se profundiza la fragilidad institucional democrática en el país.
Mediante una publicación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señalo que “no se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades”, y que, “la prolongación indefinida de funciones de las autoridades judiciales, puede orillar a salidas no democráticas”.
El proceso de preselección de candidatos en el Legislativo concluyó a inicios de agosto, posteriormente el Tribunal Supremo Electoral oficializó la convocatoria a elecciones judiciales, fijando el día 1 de diciembre como la jornada de votación de estos comicios.