A tiempo que una Sala Constitucional de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), proseguir con la realización de las elecciones judiciales, en tanto se desarrolla el proceso por una Acción de Cumplimiento, parlamentarios exigieron a esta instancia hacer valer su condición de Órgano del Estado, evitando cualquier maniobra enfocada a mantener a las actuales cabezas de la justicia.

Bajo el argumento de evitar un daño irreparable e irremediable derivado de una posible suspensión de las judiciales, ayer, la Sala Constitucional Tercera de La Paz emitió una medida cautelar que dispone continuar con la organización de estos comicios.

“Se dispone, en calidad de medida cautelar, la prosecución del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral para las elecciones de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y del Tribunal Agroambiental, los Miembros del Consejo de la Magistratura y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señala el texto de esta resolución, en la que además se fija para hoy la audiencia que defina esta Acción de Cumplimiento, a partir de las 16:00 horas, de manera virtual.

Al respecto, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, volvió a responsabilizar al Gobierno y a los magistrados “autoprorrogados” por las medidas que tratan de sabotear el desarrollo de las elecciones judiciales.

“Aguardamos que el Órgano Electoral haga valer su institucionalidad y su peso específico como Órgano del Estado evitando subordinarse a resoluciones totalmente prevaricadoras”, dijo.

En la misma línea, la diputada Luisa Nayar, indicó que el TSE tiene la obligación de hacer valer su condición de Poder del Estado, rechazando todo intento para mantener la tiranía judicial de los “autoprorrogados”. “Se debe cumplir el principio de preclusión y no admitir la declaratoria dispuesta por dos salas sometidas al poder político”, sostuvo.

El martes, las salas constitucionales de Beni y Pando determinaron declarar desiertas las convocatorias para magistrados del TCP y el TSJ.