El expresidente Evo Morales Ayma aseguró este miércoles, mediante una publicación en su cuenta de la red social X, que el gobierno central es el responsable de la paralización de las elecciones judiciales determinada ayer por dos salas constitucionales del Pando y Beni, debido a su intención de cooptar el órgano judicial, hecho que restó de legitimidad el proceso de preselección que se efectuó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La pasada jornada se conoció que salas constitucionales de Pando y Beni declararon procedentes los amparos presentados por dos candidatos inhabilitados en el proceso de preselección judicial efectuado por las comisiones mixtas de la ALP; en ese sentido, determinaron la paralización de los comicios marcados para el 1 de diciembre debido a la existencia de irregularidades en las convocatorias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las cuales también fueron declaradas desiertas.

“Advertimos oportunamente sobre los riesgos en las elecciones judiciales. ¿Cómo se puede permitir que el reglamento de evaluación sea ignorado para habilitar a postulantes aplazados? ¿Por qué no se cuidó, desde el principio, la equidad de género y la representación de los pueblos indígenas?”, escribió el exmandatario en su cuenta de X, a propósito de las observaciones efectuadas por esos tribunales que provocaron la suspensión de esas justas.

La irregularidad observada es en el artículo 37, número 2 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, Nro. 1549, porque no respeta los fines, valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado, según la parte resolutiva de la sala beniana. Este acápite daba lugar a que si no existía la cantidad suficiente de mujeres y representantes indígenas que supere la nota mínima de 130 puntos, de manera excepcional se habilite a los mejores calificados para garantizar los criterios de equidad e inclusión.

Morales aseguró que el objetivo de las elecciones judiciales fue eliminar la vieja práctica que tenían los partidos políticos con representación parlamentaria de distribuirse los cargos en el Órgano Judicial y el TCP; pero, que, en la actualidad, la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca incurrió en las mismas prácticas para hacerse de esos espacios que les permitan controlar los altos tribunales de justicia del país.

“Las elecciones judiciales son una conquista del pueblo boliviano, un freno a los cuoteos partidarios del neoliberalismo. Lamentablemente, el gobierno nacional ha convertido esta elección en una bolsa más de sus prebendas, vaciando de legitimidad el proceso”, apuntó el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos asambleístas también fueron parte de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, encargadas del proceso de preselección judicial.