La Paz. – El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, como es característico, guarda silencio tras la nueva paralización del proceso para las elecciones judiciales; mientras tanto, las facciones evistas y arcistas se acusan de estar detrás de esos nuevos amparos.

La Sala Constitucional de Pando y la Sala Constitucional Primera de Beni, determinaron, por separado, declarar desiertas las elecciones de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esto a raíz de dos amparos constitucionales.

En el caso de Pando, la abogada María Esther Caero denunció que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos. Además, que se habilitó a Silvia Clara Zurita, sin que ella residiera en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.

En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al TSJ por Beni, denunció que fue inhabilitado a pesar de que obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Ante esa situación, la facción evista en la Cámara de Diputados acusó al Órgano Ejecutivo y a los arcistas de meter nuevamente sus manos para paralizar las judiciales por intereses políticos y de ambición de poder.

Además, advirtió que los recursos presentados contra las elecciones judiciales son producto de la ineficiencia de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, donde primó la mayoría arcista y no realizó bien su trabajo. En ese marco propusieron accionar demandas por un presunto daño económico.

“La bancada de diputados propone iniciar un proceso penal por daño económico a los miembros del Tribunal Electoral (…). Le decimos de forma contundente al señor Luis Arce y al Órgano Ejecutivo: deje de meter su mano, deje de violar el artículo 12 de la CPE que habla del respeto a la independencia de poderes del Estado”, declaró el diputado Santos Mamani.

Mientras tanto, la diputada arcita del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque subrayó que está claro que quien maneja la justicia en el país son los elegidos, en 2017, por Evo Morales y se demostró con el caso estupro que paralizó una orden de aprehensión contra el expresidente en Tarija.

“Lo que digan los colegas denominados evistas, y cualquiera que diga otra cosa (sobre las judiciales), realmente no tiene consistencia. Nosotros exigiremos que el Tribunal Supremo Electoral continúe con las elecciones judiciales porque se tiene que dar cumplimiento al principio de preclusión”, subrayó Choque.

La parlamentaria denunció que el Órgano Judicial no respetó el trabajo del primer poder del Estado porque nuevamente paralizó las elecciones judiciales por intereses ajenos.

Entre tanto, el presidente nato de la ALP no se pronunció sobre la nueva paralización del proceso para las elecciones judiciales, actitud que fue recurrente en toda etapa de preselección en el Legislativo. La diputada Choque dijo que Choquehuanca sabe el lugar donde está, por eso no hace show mediático.

El vicepresidente del TSE Francisco Vargas consideró que las resoluciones emanadas por las salas constitucionales de Beni y Pando son un “golpe a la democracia”.