La Octava Marcha Indígena nació y se impulsó con el objetivo de que el Tipnis no sea perforado por los colonos sembradores de coca. La intención de construir una carretera, que una Cochabamba con Beni, atravesando el corazón de ese parque nacional y área protegida, se veía como una amenaza contra el modo de vida de los indígenas de tierras bajas, contra los recursos naturales de esa vasta y rica zona. Los temores se convierten en realidad y hay signos que causan bastante inquietud.

En primer lugar, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés) dio a conocer que hay 1.109 hectáreas con cultivos de la hoja de coca en la zona. Solo 400 son legales, según el Gobierno boliviano. Por si eso no fuera suficientemente grave, también fueron halladas pozas de maceración, es decir, narcotráfico en el área.

Para todos es conocido que, para cultivar coca, es necesario deforestar y que la producción de droga (que utiliza productos químicos altamente tóxicos) causa un daño letal a la selva, más aún cuando es virgen y cuando ha sido declarada área protegida, precisamente para protegerla de las actividades agrícolas y de la mano del hombre. Además, continúan las obras para construir la mentada carretera, desoyendo acuerdos y normas que eran un freno para las intenciones del Gobierno y de los cocaleros de Chapare.

Esta situación implica el avance de los colonos sobre un territorio indígena, lo que significa la alteración de las formas de convivencia y también que estos nuevos habitantes constituyan un espacio en el que no hay libre circulación. El domingo pasado impidieron el ingreso de los miembros del Tribunal Internacional de la Madre Tierra, mientras que antes impidieron el ingreso y registro fotográfico de un periodista de EL DEBER.

Lo descrito es grave por donde se lo mire, porque la ausencia de Estado, está abriendo senderos de peligro para los ciudadanos bolivianos, cuando uno de los derechos constitucionales es precisamente la libre circulación.

No se puede entender que desde el Estado se justifique la agresiva conducta de cocaleros e indígenas afines al Gobierno en el sur del Tipnis, ni que se observe la expansión de cultivos ilegales sin tomar la decisión inmediata de erradicar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. Se trata de una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento y que dejará gravísimos daños al país, a la institucionalidad y a la paz que todos anhelamos.

Si bien el mundo sabe que Evo Morales es el máximo dirigente de los cocaleros de Chapare, también y fundamentalmente es el presidente de todos los bolivianos. Debe actuar con responsabilidad buscando el bien del país, aunque tenga que afectar los intereses de su sector. Lo contrario implicaría un nefasto precedente a escala mundial.