Hace un par de semanas, un amigo, funcionario público en una entidad del Estado, me comentó que fueron obligados –listado por delante– a asistir un día sábado al tercer ampliado ordinario de todas las organizaciones sociales afiliadas a Codecam  que se llevó a cabo en La Coronilla, Cochabamba. Me dijo también, que una vez en el lugar, fueron obligados a inscribirse al partido de gobierno. No supo qué hacer. No quería firmar, pero tenía temor de perder la pega. Mostró algo de resistencia, pero la elocuencia seguida de amenaza de los encargados de la inscripción, no le dio mucho margen de movimiento. Le fue solicitada, para el registro de rigor, su Cédula, y viveza criolla por delante, dijo que la había extraviado y estaba en trámite de renovación, cuando técnicamente se encontraba en la billetera. Igual lo inscribieron, y cuando tuvo que firmar, trazó un garabato que en nada se compadece con su firma. Cree él que quedó a salvo de lo que consideró un “matonaje en democracia”. Después de una hora de asistencia, puso una excusa para intentar retirarse del lugar junto a varias personas, pero se lo impidieron. Se bancó el evento hasta su finalización.

Más allá de las conjeturas respecto al modus operandi y a la forma de captar adherentes, e incluso a lo que probablemente el oficialismo considera como obligación ineludible de afiliación de todos los que gozan de una fuente de trabajo gracias al proceso de cambio, cuando oí el relato me llamó la atención el afanoso empeño en inscribir partidarios. Y si bien cada partido, en el marco de la dinámica que les es propia, constantemente busca captar nuevos militantes, el hecho de que el MAS se haya abocado a engrosar sus listas casi desesperadamente, me produjo un comprensible signo de interrogación. Algo se traían en manos. La interrogante quedó absuelta con la instrumentalización de la Ley de Organizaciones Políticas, una maniobra que da cuenta que el oficialismo trabaja permanentemente bajo una mentalidad y esquema estrictamente político partidario, con el principal objetivo de consolidar el poder (político) en manos de su organización, y sin importar los resultados del referéndum del 21F o el constante reproche ciudadano en torno al empecinamiento por no aflojarlo. Queda claro que la maniobra urdida con las primarias como requisito previo para las elecciones de 2019 ha sido contundente, y que la reacción de la oposición, desencajada por el revés, ha estado dirigida al intrascendente discurso de la unidad que, sabemos todos, siempre queda relegada por los egos.

Muchos se preguntarán cómo es posible que el masismo alcance sus objetivos de manera implacable y que nada pueda hacerse ante una repostulación (ese el fin)  negada por las urnas y la CPE. Aquí cabe que cada cual se haga cargo de su voto y lo razone a futuro, ya que los dos tercios que el MAS posee en la AL se los ha dado la gente, y es gracias  a ello que durante este periodo legislativo han logrado componer y descomponer sin que el voto opositor cuente. Bajo este esquema, las leyes siempre tendrán el ajuste y medida del que detenta el poder, por lo que con la LOP es indudable que el 21F ha recibido una estocada casi final.

Carlos Mesa y quienes se consideran presidenciables tendrán que entrar al ruedo, si no quedan fuera. El pataleo de la oposición dividida quedará en pataleo, debido a que pocas señales permiten avizorar se alcancen acuerdos sin que se antepongan pegas, candidaturas regionales o cuotas de poder. Finalmente, el gobierno logrará que su binomio quede habilitado (vía primarias) pero con una evidente merma en su electorado si divisamos elecciones pasadas. Ese electorado acudirá a las urnas con la incertidumbre respecto a la exactitud del padrón y con un TSE, salvo honrosas excepciones, más azul que muchos azules. El proceso, hermanitos, está en marcha.

El autor es abogado.