El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este miércoles su preocupación, después de que salas constitucionales de Beni y Pando emitieron fallos que ponen en peligro la continuidad de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre.

"Definitivamente, es una situación muy peligrosa, hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a las autoridades judiciales, sino que también profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país", lamentó Callisaya.

Los actuales magistrados debieron culminar funciones el 31 de diciembre de 2023, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que los prorroga en sus funciones, debido a que no se había elegido a sus reemplazantes.

Las elecciones judiciales ya estaban en marcha para el 1 de diciembre, pero las salas constitucionales de Pando y Beni decidieron declarar desiertas las convocatorias para el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia, pese a que el Órgano Electoral ya ha comenzado con acciones y contrataciones para realizar la votación.

Callisaya advirtió que este tipo de decisiones judiciales pueden orillar a salidas que no necesariamente son democráticas. "Reclamamos el hecho de que se debe materializar el ejercicio del derecho político de la población a elegir a sus autoridades", agregó.

Anunció que remitirá una nota al Sistema de Naciones Unidas, en particular a la relatoría de independencia judicial, para expresar su preocupación al respecto.

El defensor informó que también se está solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie de manera acelerada y oportuna respecto a las sentencias de las salas de Pando y Beni, para dar certidumbre a la población.