Las recientes decisiones adversas de las salas constitucionales de Beni y Pando, que han congelado el proceso de elecciones judiciales previsto para el 1 de diciembre, encendieron las alarmas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Defensor ve riesgos para la democracia,

Los vocales electorales ratificaron este miércoles la intención de plantear un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reponer “el derecho a elegir” que está en la Convención Americana, un instrumento legal constitucionalizado en Bolivia.

Otra medida se planteará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para intentar continuar con el cronograma electoral, aunque los plazos podrían dificultar una resolución oportuna. La elección de magistrados ya lleva una demora de un año.

El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, no descartó la posibilidad de cambiar la fecha de votación o suspender el calendario electoral, opciones que serán discutidas en la Sala Plena del TSE en los próximos días.

Eso sí, el órgano electoral enfrenta una situación complicada, pues las resoluciones emitidas en Beni y Pando deben ser revisadas por el TCP, un proceso que suele tardar aproximadamente 45 días. Esto pone en riesgo la fecha de los comicios y tendría que fijarse otra fecha.

Por su lado, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también ha tomado acciones. Este miércoles, envió una nota al TCP exigiendo que se adopten las medidas necesarias para garantizar la celebración de las elecciones judiciales en la fecha establecida.

Para el defensor, la paralización del proceso electoral “es una amenaza directa a la institucionalidad democrática del país y sería funesto para la población que la institucionalidad del Estado no resuelva este problema”, declaró Callisaya.

Además, se reunirá con vocales del TSE para discutir las acciones y, paralelamente, se acercará a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU para solicitar su intervención, precisamente por los riesgos que enfrenta la democracia.

El TSE, por su parte, lamentó que las salas constitucionales se hayan “extralimitado en su análisis”, al posicionarse por encima del Legislativo en este proceso. Según los vocales del órgano electoral, esto crea un precedente preocupante que pone en riesgo no solo las elecciones judiciales, sino también las elecciones generales de 2025, previstas para agosto.

Reacciones de la oposición

El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales “en una bolsa más de sus prebendas”, alegando que el proceso ha perdido legitimidad.

Por su parte, el también exmandatario Carlos Mesa expresó que estas acciones constituyen un “nuevo golpe a la democracia”, permitiendo que los jueces actuales sigan en funciones de manera irregular.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría votó en blanco o nulo como forma de protesta, están frescos en la memoria de los bolivianos.

TSE asediado

El TSE ya había expresado su preocupación por el futuro de las elecciones en Bolivia, tanto judiciales como generales. En septiembre, el tribunal recurrió por primera vez a la CIDH para pedir garantías sobre su labor, ante la creciente presión política y judicial.

Vargas mencionó que la situación actual podría afectar gravemente las elecciones generales de 2025, consideradas como la "madre de las batallas políticas".

Las preocupaciones del TSE se han intensificado tras los eventos ocurridos en el congreso de Lauca Ñ en octubre, donde los seguidores de Evo Morales ratificaron su candidatura presidencial para 2025. Esta decisión generó fuertes críticas, especialmente tras las fallidas elecciones de 2019, cuando el órgano electoral fue blanco de acusaciones de fraude.

La presión sobre el TSE aumentó en noviembre, cuando el bloque ‘evista’ realizó una vigilia de 17 días frente al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, exigiendo que sus decisiones sean reconocidas. Durante las protestas, los manifestantes llevaron ataúdes con las fotografías del presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y los vocales del TSE, en lo que describieron como un “entierro de la democracia”.

Varios analistas políticos han señalado que la situación actual pone en riesgo la democracia boliviana. El abogado y analista Vladimir Peña comentó que el hecho de que un órgano del Estado, como el TSE, acuda a la CIDH es una señal clara de la precariedad institucional del país.

“Cuando un órgano del Estado no puede garantizar la independencia y la justicia en el orden interno, eso desvela que la justicia está tomada por el MAS y que los ciudadanos deben peregrinar afuera para buscar lo que las instituciones no pueden garantizar”, afirmó Peña.

Peña también advirtió que las elecciones generales de 2025 serán cruciales para definir el futuro del MAS y del país. Según él, la oposición enfrenta el reto de organizarse de manera efectiva y presentar un proyecto político viable, más allá de la simple oposición al MAS. “El país necesita certidumbre, y no basta con el antimasismo para gobernar”, concluyó.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, calificó las recientes marchas protagonizadas por el ‘evismo’ como una estrategia “suicida” que solo contribuye a la destrucción de las bases democráticas del país. Requena destacó la importancia de una alternancia en el poder, argumentando que el ciclo del MAS está agotado tanto política como moralmente.

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