Poco o nada han valido las advertencias que desde varios flancos se les ha hecho en sentido de que esa manera actuar herirá de muerte el sistema democrático y mandará al despeñadero el proyecto político que alguna vez el MAS pergeñó.

Es que aparece cada vez más claro que lo que guía actualmente al MAS es su deseo de prorrogarse a como dé lugar en el poder para beneficio de la cúpula que se ha encaramado en la administración estatal. Una faz incluso dramática es que también emerge la percepción de que hay un uso perverso de la figura del Primer Mandatario por quienes saben que una vez fuera del Estado les será muy difícil encontrar horizonte.

Ante esa realidad no es una demasía afirmar que, por el momento, hay tres instancias de defensa del sistema democrático en el país: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los movimientos ciudadanos nacidos al impulso de los resultados del referendo constitucional de febrero de 2016.

Particular importancia tienen, sin duda, los miembros del TSE pues su responsabilidad es “organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados” como norma el artículo 208 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Y deben hacerlo sabiendo que, según el artículo 410/II, la Constitución “es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa (y que la) aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

Esto es importante porque en el afán de prorrogarse en el poder y conscientes de que la CPE prohíbe explícitamente más de una repostulación continua, prohibición que fue ratificada por la ciudadanía en el referendo constitucional de 21 de febrero de 2016, los “juristas” del MAS (que en la defensa de los intereses del país muestran tanta ignorancia e incapacidad) urdieron la táctica (ya utilizada en Nicaragua) de instruir a sus vocales del Tribunal Constitucional emitir una sentencia habilitando inconstitucionalmente una nueva postulación del Presidente.

No contentos con ese disparate que tiene un tufillo a golpe, ahora pretenden aprobar (si no lo han hecho en el tiempo que transcurre entre que se escribe esta columna y se la publica) una norma electoral en la que, pese a la posición en contra del TSE, obliga a los partidos a realizar una elección primaria vinculante para definir a sus candidatos.

En fin, ojalá que los miembros del TSE, que hasta ahora han dado muestras objetivas de acatar la CPE y las leyes, mantengan esa actitud y no rifen su honorabilidad y futuro ante las seguras presiones que recibirán de las instancias del poder, particularmente del Ministerio de ¿Justicia?, despacho que pareciera tener asignada la atribución de violar recurrentemente la Constitución.

Por su parte, la CIDH tendrá que pronunciarse sobre el mismo tema, ante una demanda presentada por varios sectores del país denunciando el intento de violar impunemente la CPE y habilitar una cuarta postulación continua del primer mandatario.

Y en esta tarea de defensa del sistema democrático han aparecido los movimientos ciudadanos que han recuperado la capacidad de acción de la sociedad a partir de la defensa de la norma que garantiza la pacífica convivencia, como es la CPE, dando cuenta de una actitud cívica digna y ponderable, que resalta aún más frente a la obscena actuación del oficialismo.

El autor fue director de Los Tiempos entre 2010-2018