La elección de magistrados de justicia a través del voto popular es un tema que ha generado un profundo debate en Bolivia. En 2011, el país adoptó este sistema por primera vez, convirtiéndose en pionero en la región. Sin embargo, esta forma de elección sigue siendo objeto de controversia, tanto por sus implicaciones democráticas como por los resultados obtenidos en la práctica.

Los Pros del voto popular para elegir magistrados:

Democratización del poder judicial: Uno de los principales argumentos a favor de la elección por voto popular es que permite una mayor participación ciudadana en la elección de las máximas autoridades judiciales. De esta manera, se reduce la posibilidad de que estas autoridades sean designadas a puertas cerradas por intereses políticos o económicos. El pueblo tiene la posibilidad de elegir a quienes considera más adecuados para impartir justicia.

Mayor legitimidad y transparencia: Al ser elegidos por el voto directo de la población, los magistrados cuentan con una mayor legitimidad, ya que su mandato se origina en la soberanía popular. Teóricamente, esto debería fortalecer la transparencia en la gestión judicial y la independencia de los jueces, alejándolos de influencias partidistas.

Rendición de cuentas: Los jueces electos podrían sentir una mayor obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía que los eligió, lo que podría incentivar una mayor responsabilidad en sus decisiones y actuaciones.

Los Contras del voto popular para elegir magistrados:

Politización de la justicia: A pesar de que la elección popular busca reducir las influencias políticas, en la práctica ha resultado en una mayor politización del proceso. Los candidatos suelen estar vinculados a determinados sectores políticos o alinearse con el gobierno de turno, lo que pone en peligro la independencia del poder judicial. El riesgo es que los magistrados sean percibidos como extensiones de intereses partidarios en lugar de defensores de la ley.

Desinformación del electorado: Elegir a magistrados requiere un conocimiento técnico sobre el derecho y la función judicial que la mayoría de los votantes no posee. La falta de información sobre los candidatos, sus trayectorias y sus competencias puede llevar a decisiones basadas en percepciones mediáticas, campañas de imagen o incluso recomendaciones políticas, en lugar de criterios meritocráticos.

Degradación de la calidad judicial: El sistema de voto popular podría priorizar el carisma o la popularidad sobre las habilidades y méritos profesionales de los candidatos. A largo plazo, esto puede debilitar la calidad del poder judicial, con la selección de jueces menos cualificados o con menos independencia de criterio.

Falta de mecanismos de evaluación: A diferencia de otros países donde la selección de jueces se basa en evaluaciones técnicas, la elección popular en Bolivia carece de mecanismos que aseguren la idoneidad de los candidatos. Esto ha generado una percepción de que la calidad del sistema judicial no ha mejorado, sino que ha empeorado con el paso del tiempo.

Es necesario repensar el modelo, quizás buscando una combinación de participación ciudadana con procesos meritocráticos y mecanismos de control más sólidos. Lo que está claro es que el objetivo debe ser preservar la independencia y calidad del sistema judicial, pilar fundamental para una democracia sólida y confiable.