Cuando las Elecciones Judiciales estaban en marcha y hasta ya se ejecuta un presupuesto millonario, vocales constitucionales en Beni y Pando han emitido este martes dos fallos que ponen en riesgo la continuidad del proceso electoral. En ese marco, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, dijo que se trata de un “golpe a la democracia”.   

En Pando, la Sala Constitucional determinó declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de un amparo presentado por una candidata que había sido excluida del proceso de preselección.

En el caso de Beni, la Sala Constitucional Primera declaró desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En ese caso, el accionante era un postulante que reclamó haber sido excluido cuando tenía nota de aprobación.

En ambos casos, los vocales determinaron declarar inaplicable el artículo 37 de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, donde se establecen las reglas de calificación para la fase de preselección.

En el caso de Pando, la accionante denunció que se había preseleccionado a una postulante que no cumple con el requisito de residencia.

En Beni, la Sala Constitucional observó que no había cumplido con los principios de meritocracia al considerar incluso postulantes que tuvieron nota reprobatoria.        

El TSE alarmado

De parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vicepresidente Francisco Vargas denunció que se trata de un “golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años”.

Denunció que el TSE no estaba enterado del caso en Pando y que en Beni se extralimitó la Sala Constitucional.

“No quisiéramos entender que este es un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales- Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos”, afirmó Vargas.

Anunció que el TSE recién tomará posición institucional, pero una de las posibilidades es solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional.