Entrevistado por Unitel, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, anunció que una de las posibilidades que se maneja es el presentar una medida cautelar ante el TCP que permita seguir con el proceso de los comicios programados a realizar el próximo 1 de diciembre.

“Entonces, luego del análisis, vamos a asumir una postura como Tribunal Supremo Electoral. Una de las posibilidades que existe es interponer de manera inmediata una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional”, dijo.

Vargas aseveró que la posible medida cautelar que se presentará ante el TCP busca “que se nos permitan poder seguir desarrollando, administrando, ejecutando este proceso electoral”.

“Ya el proceso electoral está en curso. En dos días deberíamos estar empezando una actividad muy grande y muy importante de este proceso electoral como es la difusión de méritos. De hecho, ya el Órgano Electoral tiene contrato suscrito con muchos medios de comunicación”, sostuvo.

Explicó que la campaña de difusión debe comenzar este 17 de octubre y están en puertas otras actividades como la logística electoral, la impresión de papeletas y de material electoral que debe ser utilizado el día de la elección.

“Entonces hay una serie de actividades en curso que ya hemos ejecutado, que ya hemos llevado adelante”, sostuvo.

Vargas dijo que corresponde a la comisión de admisión del TCP el tratamiento ágil de la causa y “que le dé certeza, le dé seguridad jurídica al país y que permita que podamos continuar nuestra labor y nuestras funciones de poder administrar y ejecutar este proceso electoral”.

“Serán los magistrados del Tribunal Constitucional que tendrán que darle una respuesta al país y demostrar que no se está actuando de manera deliberada para poder mantenerse en el cargo. El pueblo boliviano necesita ejercer su derecho de elegir, de votar y de decidir”, sostuvo.

Ayer, dos salas constitucionales emitieron fallos que ponen en riesgo la realización de las elecciones judiciales, programadas para el 1 de diciembre.

Primero, la Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó el proceso porque incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.

Según la justificación de la Sala Constitucional, la falta de cumplimiento en el requisito de equidad de género, indígena y de número mínimo de postulantes provocaron que se declare desierta la convocatoria a elecciones judiciales a nivel nacional para conformar el Tribunal Supremo de Justicia.

Horas después, la Sala Constitucional de Beni declaró desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que remita las observaciones a la Asamblea Legislativa para que retire a los candidatos que incumplieron los requisitos meritocráticos y subsanen las listas.

Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el departamento de Beni, presentó un amparo constitucional en una sala constitucional de Beni, debido a que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

En ambos casos, los vocales determinaron declara inaplicable el artículo 37 de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, donde se establecen las reglas de calificación para la fase de preselección.

Al respecto, el Vicepresidente del TSE señaló que el Órgano Electoral no fue notificado sobre el amparo presentado en Pando, por lo que ni siquiera participó de la audiencia.

“Hoy vamos a analizar lo que ha sucedido el día de ayer en Sala Plena, vamos a analizar los alcances de la decisión del amparo constitucional de Beni, de Pando no hemos sido notificados, no hemos participado, no hemos sido parte del amparo, nos hemos enterado por los medios de comunicación”, recalcó la autoridad electoral.