El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este martes su preocupación por la “profundización de la fragilidad institucional” tras conocer las resoluciones de salas constitucionales de Pando y Beni que pusieron en riesgo las elecciones judiciales, previstas para el 1 de diciembre.

“Preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales. No se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades (sic)”, publicó en su cuenta en X.

En Pando, una Sala Constitucional determinó declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de un amparo presentado por una candidata que había sido excluida del proceso de preselección.

Mientras que, en Beni, la Sala Constitucional Primera declaró desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La prolongación indefinida de funciones de las autoridades judiciales puede orillar a salidas no democráticas. Corresponde a las autoridades dar un mensaje correcto a la población con celeridad”, añadió Callisaya.

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, calificó como un “golpe a la democracia” las resoluciones emitidas en un mismo día y anunció que en las próximas horas la Sala Plena se reunirá para tomar una decisión y perfiló presentar medidas cautelares para revertir las determinaciones.