La Defensoría del Pueblo exhortó este miércoles al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) adoptar las medidas necesarias y oportunas para reanudar las elecciones judiciales y no vulnerar los derechos de la población.

“Nuevamente lo declararon desierto y provocaron la suspensión de este proceso eleccionario, definitivamente es una situación muy peligrosa (…). Estamos enviando una nota al presidente del Tribunal Constitucional (Paul Franco) para que adopte las medidas necesarias, tal cual lo han hecho en otras ocasiones, tomen una decisión rápida y oportuna en la revisión de estas dos resoluciones”, dijo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La Sala Constitucional de Pando declaró, el martes por la tarde, desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó en julio el proceso, argumentando que se incumplieron los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.

Más tarde, la Sala Constitucional de Beni también declaró desierta las convocatorias para la preselección al TSJ y al TCP, al conceder tutela al amparo planteado por el también excandidato Hugo Vargas.

Ante esta situación, Callisaya aseveró que se genera una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que limitan el derecho político de la población a elegirlas en las urnas y también “profundiza la fragilidad institucional democrática”.

“También se ha emitido una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral (Oscar Hassenteufel) para que pueda informar a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones que se están adoptando para asegurar la persecución del proceso judicial (…). Es importante dar una señal correcta a la población, en sentido de que estas elecciones son posibles”, manifestó en conferencia de prensa.