Los vocales de la Sala Constitucional de Pando deberán asumir la responsabilidad económica por declarar desierta la convocatoria a la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), proceso en el que ya se ejecutaron más de Bs 50 millones, afirmó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico.

“Están causando un daño económico al Estado. El tribunal que no evalúa este tema es el que va a tener que correr con ese riesgo (asumir responsabilidad), lo siento por los administradores de justicia, pero alguien tiene que pagar los más de 50 millones que ya se gastaron en este tema”, advirtió en declaraciones a la prensa.

Fue la Sala Constitucional de Pando que declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó el proceso porque incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.

Según normativa, la Asamblea Legislativa Plurinacional debería convocar nuevamente al proceso de preselección de candidatos para el TSJ, porque el fallo lo dejó en foja cero.

Sin embargo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe indicó que el ente electoral no fue notificado sobre esta audiencia y se aguardará el fallo para asumir una postura.

Torrico dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las acciones a asumir para defenderse ante el dictamen.

“La Asamblea debería haber ya puesto, cuando sabía, porque saben que está ingresando estos temas, medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional”, cuestionó y denunció negligencia en este caso.