Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 27 de agosto de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Los casos Mochilas I y II se investigarán como un solo caso y no por separado, como pedía el Ministerio Público, después de que la Sala Penal Primera rechazó las apelaciones que presentaron la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría al fallo de la jueza Anticorrupción que unió los dos procesos.
Contenido
El pronunciamiento de la sala expresa que “dentro de la referida investigación penal, la juez de Instrucción de Anticorrupción (…) en audiencia de aplicación de medidas cautelares (…) pronunció el auto cursante”.
Sigue: “Ordenado la eficiente y eficaz administración de justicia, en sujeción a lo establecido en la parte in fine del art. 399 del CPP y en función a la vinculatoriedad de las referidas Sentencias Constitucionales corresponde proceder al rechazo de las apelaciones”.
La jueza Anticorrupción Sara Céspedes decidió unir las dos denuncias de Mochilas a inicios de junio y fundó su decisión en el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal.
Tras esta decisión, el Ministerio Público denunció a la jueza por presunto prevaricato y rechazó la conexitud de los casos, porque, si bien en ambos está denunciado el alcalde José María Leyes, existen otros funcionarios que tuvieron una participación diferente. Ahora, sólo resta que Sara Céspedes se pronuncie sobre un incidente sobre la conexitud de casos.
La sala elaboró su pronunciamiento de rechazo en julio, pero recién fue notificado ayer a las partes. Como resultado de esta determinación, no se fijará otra audiencia cautelar para el alcalde.
“Por lo tanto, no existe ninguna audiencia de medidas cautelares pendiente, ya que la audiencia de fecha 16 de julio de 2018, la jueza Sara Céspedes ratificó las medidas impuestas por el juez Pérez de fecha 21 de abril”, explicó la defensa del alcalde Leyes.
Otra consecuencia de la unión de casos es que los cuadernillos de investigación de Mochilas I por la compra de 2018 y de Mochilas II por la adquisición de 2017 se junten.
En ambos se indaga el direccionamiento de la adjudicación al empresario Juan de Dios Morales.
Por otro lado, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, señaló que presentarán un amparo constitucional para separar los casos y reiteró que no están de acuerdo con la unión de los casos, porque hay diferentes implicados.
Defensa
La defensa del alcalde José María Leyes manifestó en una carta enviada a Los Tiempos, el 22 de agosto, “la inexistencia de los dos casos Mochila”. Pues sostiene que es de conocimiento público que la jueza Céspedes, el 8 de junio, dictó un auto por el cual se declara la conexitud de causas. “Esto significa que los dos procesos (…) han quedado unidos en un solo proceso de investigación”, expusieron Humberto Trigo y Andrea Trigo.
Sobre la segunda denuncia del “carro balde”, interpuesta por el concejal Sergio Rodríguez, los abogados manifestaron que la denuncia no es por irregularidades en la adquisición, sino por un aparente incumplimiento de deberes. El proceso está en la etapa preliminar y no existe “siquiera la posibilidad de una audiencia de medidas cautelares”.
La audiencia de medidas cautelares del caso Mochilas II queda sin efecto luego de la conexitud de los casos.
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
El alcalde José María Leyes y otros son investigados desde abril por la presunta adquisición irregular de 91 mil mochilas en 2018 con una inversión de 12,4 millones de bolivianos y de 91 mil en 2017 con 11,1 millones. En su defensa, el empresario Juan de Dios Morales presentó documentos de los costos unitarios.
SE REPLICARON MENSAJES
A pedido de Sergio Coca, quien solicita que se aclare una nota del 15 de agosto sobre las amenazas que recibió el exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José M. P., con el argumento de que la publicación “tiene una redacción poco expositiva”, Los Tiempos expresa que la publicación se basa en documentos del Viceministerio de Transparencia.
En el párrafo en que aparece el nombre del abogado y exfuncionario municipal, se replican los mensajes de SMS que aparentemente envió la persona que buscaba intimidar José M. P. En ellos se dan nombres de quienes se vieron perjudicados con la investigación de las mochilas.
TESTIGO HABLA DE “LÍNEA” PARA FAVORECER A EMPRESA
El Viceministerio de Transparencia adelantó que una reciente declaración de un funcionario dentro de la investigación por la compra de mochilas aportó nuevos elementos y confirmó varias hipótesis. Además de dar elementos sobre una presunta adquisición direccionada, comentó que se intentó generar una sola línea de defensa una vez que comenzó la investigación.
El funcionario, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo: “El que daba la línea en este proceso de contratación era el licenciado Moreno, él daba la línea a la doctora Fedra C. y ella era la que se encargaba de hacer cumplir dicha instrucción a cabalidad (…) Con esta línea se ha logrado beneficiar a la Asociación Accidental del Norte”.
Siguió: “Esto yo sé porque a mi persona me presionaron indicándome que el informe tenía que salir sí o sí en el día y además la resolución de adjudicación salió dos días después del informe de la comisión de calificación observado por el RPC y firmado en el día. Incluso me comentaron que el pago salió en el día o al día siguiente, en tiempo récord”.
De igual modo, el funcionario afirmó que un familiar del Alcalde participaba en algunas reuniones con aquellos funcionarios que “daban la línea”.
