Las consecuencias de declarar “desierta” la convocatoria a preselección judicial serán principalmente económicas para los demandantes y los jueces que atendieron esas causas, advirtió el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico; mientras que el diputado Carlos Alarcón ve la mano del gobierno en estos casos.

“La responsable de este hecho es la que presenta el amparo, también el tribunal que ha aceptado este recurso constitucional y el que propone, no es cierto, aquí no vengan a decir que es justicia, se falló en contra de lo que estaba previsto, por lo tanto, los señores del tribunal se harán cargo de toda esta deuda que debe ser millones”, advirtió el viceministro, sobre uno de los amparos.

La tarde de este martes se celebraron dos audiencias de amparo constitucional contra las elecciones judiciales, una en Pando y otra en Beni; aunque hay informe de una tercera audiencia que habría sido derivada a Cobija. En las dos primeras, curiosamente, las dos salas constitucionales declararon como “desierta” la convocatoria a preselección judicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las dos pidieron devolver las listas a la Asamblea, con una diferencia, Pando pidió devolver listas del TSJ; mientras que Beni instruyó la devolución de listas del TSJ y TCP a la Asamblea.

“Si el Tribunal Supremo Electoral no hace respetar su investidura de cuarto Poder del Estado ante este fallo prevaricador y emitido sin competencia, que impide la realización del voto popular para elegir a los jueces, los resultados de las elecciones presidenciales 2025 quedarán en vilo y a la deriva ante cualquier otro amparo, que cuestione los resultados electorales que no le favorezcan al candidato del Gobierno”, dijo el diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón a través de sus redes sociales.

Los dos amparos fueron presentados por candidatos que no fueron incluidos en las listas de candidatos a magistrados para las elecciones judiciales. Pero, al mismo tiempo, las causas fueron atendidas por jueces que ya participaron en la postergación de las elecciones judiciales.

La vocal Celsa Salazar en Cobija ya paralizó la preselección en abril de este año, cuando atendió un amparo contra el proceso. En Beni el juez, Charles Mejía fue candidato al TCP por Beni; pero fue inhabilitado, de tal modo que demandantes y autoridades tenían interés en estas demandas.

Para Torrico hay una mano negra, que intenta paralizar el proceso cada cierto tiempo y por eso aparecen estas demandas que no tienen sentido, pues el trabajo de preselección ya terminó en la Asamblea y por tanto, no se puede retroceder al inicio.

Para Alarcón la intención es que los autoprorrogados de Sucre permanezcan en sus cargos más allá de las elecciones generales de 2025 y ellos puedan tener influencia directa en los candidatos del oficialismo.