Las decisiones de dos salas constitucionales de Bolivia de declarar este martes "desiertas" las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP) han puesto en riesgo nuevamente la realización de las elecciones judiciales previstas para diciembre.

Los fallos fueron emitidos en salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni, a instancias de candidatos inhabilitados, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fue notificado formalmente aún sobre estas decisiones, de las que se enteraron a través de la prensa, dijo a los medios en La Paz el vocal Francisco Vargas.

"Vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida tutelar a esta decisión porque no estamos de acuerdo", declaró Vargas, presidente en ejercicio del TSE.

A su juicio, estas salas se han "extralimitado en el análisis" al buscar que el órgano electoral "sea una especie de suprapoder por encima del Legislativo", encargado de la fase de preselección de candidatos para los comicios judiciales, sobre todo en lo referido a la calificación de los postulantes.

"Este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años. Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas", alertó.

Según Vargas, preocupa "de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo" del órgano electoral y anunció que este miércoles la Sala Plena se reunirá "para analizar los alcances y emitir un pronunciamiento como órgano electoral".

"No quisiéramos entender que esto es un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales. Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen los bolivianos a decidir, a ir a las urnas", agregó.

Vargas indicó que esto afectaría solamente a la elección de magistrados para el TSJ y el TCP, "mas no así del Tribunal Agroambiental ni el Consejo de la Magistratura", aunque insistió en que la Sala Plena del órgano electoral analizará los alcances de los fallos.

La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para que salgan electos jueces afines al oficialismo.

El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder" hasta que se realicen nuevos comicios.

Esto generó fuertes protestas de la oposición y del sector oficialista afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), que realizó un bloqueo de caminos por 10 días pidiendo la renuncia de los magistrados, lo que no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas para votar en estas polémicas elecciones judiciales previstas para el próximo 1 de diciembre.