Las elecciones judiciales que están a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están en riesgo de ser suspendidas por un recurso de Amparo Constitucional que presentó un candidato que fue inhabilitado por la Asamblea Legislativa.

No obstante, el ente electoral se sustenta en el principio de preclusión para defender el proceso ante una sala constitucional del Tribunal de Justicia de Beni que definirá este martes la suerte de este proceso eleccionario.

“Existe un enorme riesgo de que se paralicen las elecciones judiciales, producto de un Amparo Constitucional que nos han interpuesto en horas pasadas”, dijo a EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.

No obstante, la autoridad recordó que todo proceso electoral, según la Ley 026 de Régimen Electoral, está protegido por el principio de preclusión, que quiere decir que los actos eleccionarios que ya fueron cumplidos, no se pueden deshacer.

“Según nuestra normativa electoral, rige el principio de preclusión. Es decir, que las actividades dentro de un proceso electoral, no pueden ser retrotraídas hacia atrás”, subrayó Tahuichi.

Inhabilitado

¿Y quién pide la paralización de todo el proceso electoral judicial que ya está en curso?, se trata del abogado Hugo Vargas Palenque, un aspirante de Beni, que buscaba candidatear para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en representación de ese departamento, pero fue inhabilitado por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, en la etapa del proceso de preselección.

“Este ciudadano busca ser incluido en la lista de candidatos al Órgano Judicial”, dijo Tahuichi, tomando en cuenta que el TSE está en la cuenta regresiva para el día de las elecciones que es el 1 de diciembre.

“Nos llama poderosamente la atención de que este amparo sea contra nosotros (el TSE), porque la lista de los candidatos ha sido trabajada, realizada y elaborada por el Órgano Legislativo, es decir, el ciudadano debería haber interpuesto su amparo contra la instancia que elaboró la lista de candidaturas. Nosotros (el Órgano Electoral) somos simples receptores”, argumentó Tahuichi.

La audiencia que determinará la continuidad o no de las elecciones judiciales será este martes 15, desde las 10:00.

La pasada semana, la senadora Andrea Barrientos (CC) denunció que magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intentan otra vez “sabotear” las elecciones judiciales, mediante amparos en los departamentos de Pando y Beni. La legisladora apuntó a los actuales magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado, quienes supuestamente controlan las salas constitucionales de Pando y Beni, respectivamente.

“Se han presentado ya tres amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral, dos de ellos en una sala de Pando que controla el autoprorrogado Espada y uno de ellos está en el Beni, sala controlada por el exmagistrado autoprogrorrogado Hurtado. Esa situación nos está poniendo en riesgo la elección judicial”, decía Barrientos.

Pérdida económica

En el caso hipotético de que se paralicen las elecciones por este recurso judicial, el Estado perdería más de 55 millones de bolivianos, que son parte de los recursos que se destinaron para la realización de este proceso electoral.

“Tenemos un presupuesto total de 183 millones de bolivianos para esta elección judicial, de los cuales, hasta el momento estamos ejecutando recursos por aproximadamente 55 millones de bolivianos. En el caso hipotético de que se paralicen estas elecciones se estaría generando un daño económico al Estado”, explicó la autoridad electoral.

A 47 días de la jornada electoral que es el 1 de diciembre, el TSE cumple la actividad número 19 del calendario electoral con la “Recepción de reclamos de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados y no habilitados en el Padrón Electoral en los Tribunales Electorales Departamentales y Direcciones Departamentales del Servicio de Registro Cívico”. Hasta el 23 de octubre el Serecí procesará los reclamos de los  inhabilitadas.

Desde el 17 de octubre al 27 de noviembre, el TSE realizará la difusión de méritos de los candidatos varones y mujeres al TCP y al Órgano Judicial.