No habrá un padrón electoral nuevo para las elecciones generales de 2025. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará una revisión del registro y descartó que haya votantes duplicados. Creemos pide una nueva reunión multipartidaria para debatir los aspectos del padrón electoral.

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi descartó que se implemente un nuevo padrón electoral para las siguientes elecciones: las judiciales el 1 de diciembre de este año y las generales el 17 de agosto de 2025. La autoridad electoral dijo que se realizará la revisión del padrón junto a las organizaciones políticas, tal como establece el punto cinco del acuerdo multipartidario desarrollado en La Paz en julio de este año.

Tahuichi Quispe informó que este trabajo se realizará de manera escalonada. En primera instancia los 11 partidos y las dos alianzas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional serán parte de este trabajo junto a sus expertos informáticos y de sistemas. “Nosotros abrimos las puertas del Tribunal Supremo Electoral para que ellos ingresen, testeen y hagan todo el trabajo que requieran”, dijo.

Luego será el turno de las universidades, a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). “De hecho estamos trabajando en un convenio con la CEUB”.

El vocal Tahuichi añadió que “como el boliviano es desconfiado del boliviano, vamos a trabajar con nuestros pares de organismos electorales. Igual vamos a emitir el informe de confianza de nuestro padrón electoral”.

El TSE realizó en julio el Encuentro Multipartidario e Interdisciplinario por la Democracia en instalaciones del Órgano Electoral, con la participación de representantes de los partidos políticos y de los órganos Ejecutivo y Legislativo, entre otros. La cita acabó con la firma de la Declaración por la Democracia. El documento de 12 puntos recoge el pedido para la tramitación de una ley para suspender las elecciones primarias y así dar prioridad a los comicios judiciales de este año y las presidenciales de 2025. Esa norma fue promulgada ayer por el presidente Luis Arce. Además, la cita también concluyó con la revisión del padrón electoral.

Acuerdo multipartidario

El punto 5 del acuerdo multipartidario señala: “El Tribunal Supremo Electoral garantiza la más amplia transparencia en la consolidación y confiabilidad del padrón electoral biométrico para las Elecciones Generales 2025, además de asegurar la participación efectiva de las organizaciones políticas en las fases de empadronamiento, actualización del padrón y consolidación de datos, brindando información oportuna y efectiva a todos los actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía”.

Ayer, a través de una carta, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exigió una auditoría integral al padrón electoral o, en su defecto, implementar uno nuevo para dar certidumbre a la población.

La autoridad, que está detenida en el penal de Chonchocoro, también pidió que el ente electoral “implemente un sistema de difusión de resultados preliminares en los futuros procesos electorales para que la población tenga datos previos y oportunos del proceso electoral para generar certidumbre y confiabilidad”.

El vocal Tahuichi Quispe alertó en mayo de este año que el padrón electoral será el “flanco de ataque” de “seudo analistas” y de “quienes pretenden dañar la democracia”. “Hay que trabajar en todo este sistema de calificación, le daremos mirada a nuestro padrón electoral, ése va a ser el flanco de ataque de parte de aquellos que quieren erosionar, que quieren dañar nuestra democracia”, advirtió en un acto público en la ciudad de Trinidad.

En 2009, después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se conformó un nuevo Padrón Electoral Biométrico (PEB) que incluye el registro de huellas dactilares y biometría facial de todos los ciudadanos habilitados para votar.

El Órgano Electoral avanzó en la disminución del subregistro electoral. Datos oficiales reflejan que el 97% de la población en edad de votar está inscrita en el padrón biométrico, cifra que refleja un resultado positivo sobre las políticas de documentación de la ciudadanía.