La nueva ley de partidos políticos, que en estos momentos aún se discute en la Asamblea Legislativa, puede ser una espada de doble filo: por un lado, desnuda los peores problemas de la oposición y, por otro, acorta los tiempos de las decisiones de las instituciones bolivianas sobre Evo Morales y lo expone por más tiempo a los tribunales electorales. Así, si en las próximas horas se termina de aprobar la norma, el apacible fin de año se convertirá en frenético, apurando varias decisiones que marcarán la vida política de Bolivia en los próximos años.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió hace semanas un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas para su tratamiento en la Asamblea Legislativa. En él se prevén las condiciones para formar partidos y agrupaciones ciudadanas que puedan participar en elecciones nacionales y subnacionales de todo el país. El proyecto presenta, como principal reforma política, la inclusión de las primarias en los partidos nacionales que pretenden gobernar el país. El problema es que, si la norma se aplica para 2019 y las elecciones son en octubre, las primarias deberían celebrarse a más tardar en febrero, dejando a los partidos -sobre todo a los de la oposición- en una especie de maratón para poder habilitarse y participar de ellas. Así, la posible candidatura de una alianza partidaria tendría que aparecer a más tardar en diciembre, con lo que se daría por comenzada una campaña electoral 10 meses antes de ir a elegir al próximo presidente en las urnas.

Para la oposición

Según el politólogo Marcelo Silva, existen 12 fuerzas políticas con personería nacional, pero para participar de los comicios, deberán someterse a la reinscripción de militantes. Deberán anotar al 1,5% del padrón nacional. No valdrá inscribirlos en un solo departamento, sino que tendrán que cooptar militantes equivalentes a al menos el 1% del padrón electoral de cinco departamentos. Esto implica recolectar unas 100.000 firmas en todo el país. Esas inscripciones deberán ser verificadas por el TSE y su base de datos, con el fin de formar un padrón nacional de militancias. Podrán participar de las elecciones primarias incluso si el proceso de revisión aún está en trámite. Sin embargo, de las 12 tiendas políticas, solo MAS, Demócratas y UN han anunciado la reinscripción de la militancia en el último tiempo, por lo que para el resto significaría una carrera contra el reloj para no perder la personería.

A ello se suman los propios tiempos del Tribunal, que tendría que lanzar la convocatoria a primarias ni bien se apruebe la ley. Eso acarrearía dos problemas: el primero de organizar una elección nacional entre septiembre y febrero (las primarias son iguales que las generales, con la única diferencia que no se corta la circulación vehicular y que vota solo la militancia acreditada) y, por otro lado, todos los requisitos que deberán cumplir los opositores desestructurados para designar a sus binomios (procesos de designación de delegados de forma paritaria, modificar estructuras, anotar la plataforma programática y definir sus principios para establecer su ideología). Eso, de un plumazo, podría eliminar a buena parte de los partidos políticos del contexto nacional.

De forma casi irónica, Susana Rivero, diputada del MAS, dijo la noche del viernes que con esta ley los opositores sabrán cuántos militantes tienen y acusó a algunos partidos de fraguar su militancia para conseguir la personería jurídica. Para el opositor Luis Felipe Dorado, los plazos no alcanzan para nadie, ni siquiera para el Tribunal Electoral. Ve en el MAS una desesperación para legitimar la candidatura de Evo Morales. El analista Silva ataca la candidez del TSE. Se pregunta por qué envió ahora esta ley a la Asamblea, sabiendo que existía el peligro de que fuera aprobada casi de inmediato, por más de que su intención haya sido que se aplicara gradualmente hasta 2024.

José Orlando Peralta, politólogo, dice que esa es la diferencia entre el razonamiento moral y la política real: el MAS vio una oportunidad en este proyecto de ley y la tomó. Para él, la oposición se entretuvo demasiado con el grito del No, que era útil en el horizonte de la defensa de los valores democráticos, pero no para la lucha política. El tiempo que perdió la oposición en articular una estructura, un programa y elegir un candidato será imposible de recuperar, porque la ley acorta los plazos. En ese sentido, Peralta confiesa que no sabe a qué están jugando los asesores de Carlos de Mesa, principal rival de Evo Morales según las encuestas, que con un panorama muy favorable aún no se define si será o no candidato.

Oficialismo

Pareciera ser una ley que beneficia a los que detentan el poder, sin importar en qué nivel de Gobierno se encuentren. Por ejemplo, la subvención estatal se reparte un 60% de forma paritaria, pero el restante 40% se distribuye sobre la base de los resultados electorales de la elección anterior. Eso quiere decir que los ganadores -nacionales, municipales y de gobernaciones- tendrán más plata para buscar reproducir su poder. A ello se suma una decisión que a priori parecería que beneficiará a las bases: solo la mitad del presupuesto de campaña se puede usar para promover al binomio presidencial, el resto se debe distribuir en el resto de las candidaturas (diputados, senadores). Sin embargo, los postulantes menos conocidos tendrán que batallar el doble en las calles para hacerle frente a los que ya están en el poder y hablan desde una tarima gubernamental.

Sin embargo, para disfrutar de estas ventajas, Evo Morales y Álvaro García Linera tendrán que definir si pueden ser candidatos, ya no a la Presidencia o Vicepresidencia, sino si podrán participar de las elecciones primarias. Ricardo Sotillo, abogado constitucionalista, considera que dentro del MAS aún queda un vacío de legitimidad que no han podido llenar con la sentencia constitucional del 28 de noviembre y que tratan de suplir con una votación, por más que sea solo de sus militantes. Sin embargo, Sotillo advierte que el TSE deberá resolver si acepta la postulación del binomio del MAS, evaluando el resultado del referendo del 21-F y la sentencia de noviembre de 2017.

Pero eso no es todo. De aceptarse la candidatura (entre diciembre y febrero), expondría al presidente Morales a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal estaría activado para ser consultado sobre la legalidad de la candidatura y podría emitir una medida cautelar que deje en el aire las pretensiones de Morales de volverse a postular para su tercera reelección.