El máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales, señaló que a pesar de descartar una pregunta de del referendo, el Gobierno nacional maneja una propuesta a la que calificó de “ilegal e inconstitucional”, ya que se busca modificar la Constitución Política del Estado (CPE) sin tomar en cuenta la iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“A pesar de que el Gobierno descartó una pregunta, su propuesta de referéndum es ilegal e inconstitucional, porque se intenta modificar la Constitución Política del Estado lo que implica su reforma parcial y las vías para su convocatoria a referendo son necesariamente a través de una iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional”, expresó el jefe masista.

Morales se refirió a este tema un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observara las cuatro preguntas de esta iniciativa que es proyectada desde el Órgano Ejecutivo por el presidente Luis Arce, quien anunció el referendo el pasado 6 de agosto.

Entretanto, la ministra de Presidencia, María Nela Prada, indicó este sábado que el Gobierno acatará las observaciones que realizó el TSE a las preguntas para el referendo planteado por el presidente Luis Arce Catacora, por lo que también dará de baja a la consulta relacionada a modificar la cantidad de escaños parlamentarios.

Respecto a este último tema, el ente electoral advirtió que “no corresponde a la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado, por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional” ya que, como se encuentra redactada, implica una reforma parcial de la CPE.

“La CPE prohíbe la realización de un acto electoral junto a las elecciones judiciales. Luis Arce y David Choquehuanca deben ser más sinceros y honestos, lo que quieren es inhabilitarnos para las elecciones nacionales de 2025”, sostuvo el jefe del masismo.

Anteriormente, Morales también arremetió contra el referendo al manifestar que las preguntas son “engañosas” o una forma del Gobierno para “admitir su incapacidad”.