La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) cumplió con la acción popular al suspender la otorgación de derechos mineros en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka, además del Tequeje conforme fue establecido por el juez de Instrucción Penal de Rurrenabaque, sin embargo, los pueblos indígenas evidenciaron que las operaciones mineras auríferas no se interrumpieron y persisten en las cuencas del norte de La Paz.

El director Jurídico de la AJAM, Álvaro Ochoa dijo a la ANF que se efectuaron todas las acciones que se establecieron en la audiencia (del 8 y 9 de septiembre de 2023) en mérito a lo que determinó el juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo Social y Seguridad Social de Instrucción Penal en su resolución judicial.

“Estableció se proceda con la inmediata suspensión de actividades mineras que no tengan licencia ambiental, se realice según a criterio un verdadero proceso de consulta previa, así también se ordenó la suspensión en la otorgación de derechos mineros, pero de manera genérica, en las cuencas mencionadas y sus afluentes”, enfatizó.

Explicó que la Dirección Departamental de La Paz, durante los procesos de otorgación de derechos mineros que se gestiona ante la AJAM, ha emitido las providencias respectivas, “suspendiendo cada una de estas tramitaciones solicitadas”.

Entre el ocho y nueve de septiembre de 2023 se desarrolló una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, y en la cual el juez mixto de Rurrenabaque, en su calidad de Tribunal de Garantías Constitucionales determinó dar la tutela a la acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).

De manera genérica  

El director Jurídico informó que en la resolución judicial no se especifica la cobertura o longitud exacta que se debe tomar en cuenta en ambas cuencas para considerar la restricción de la otorgación de certificados mineros.

“Por ello acudimos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que nos pueda otorgar la información para determinar cuál es la longitud de cobertura de los ríos que debíamos considerar, sin embargo no recibimos respuesta alguna”, aseveró.

Remarcó que, sin embargo, a la fecha y en cumplimiento de la resolución pero de “manera genérica” no se están otorgando certificados de áreas mineras libres en los sectores “que han sido afectados, por así decirlo, con la resolución”,

El río Beni es el segundo en importancia fluvial en la cuenca amazónica, su corriente recorre más de mil kilómetros y recoge agua de diversos afluentes para unirse con el Mamoré y dar lugar al nacimiento del Madeira. El río Madre de Dios también pertenece a la cuenca del Amazonas atraviesa por Perú y  Bolivia drena una cuenca de más de 100.000 km2 y finaliza su recorrido por Brasil, donde desemboca hasta llegar al río Amazonas.

Ambos ríos posibilitan la migración de peces, sus ecosistemas poseen ecosistemas únicos de especies de flora y fauna. Miles de habitantes indígenas habitan en sus riberas donde las comunidades están afectadas en su salud, a causa de la actividad minera que utiliza mercurio para explotar oro, sin tregua alguna.

“No ha cambiado nada”

La presidenta del Concejo Regional Tsimané Mosetén CRTM), Magaly Tipuni, informó que las 13 comunidades que habitan en la ribera del río Beni y Quiquibey en la Tierra Comunitaria de Origen y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas, se evidenció que las operaciones mineras persisten aguas arriba del río y “no ha cambiado nada”.

Lamentó que no exista una mejora en la atención de la salud de las personas que están siendo afectadas por la contaminación con mercurio y que se origina por las actividades mineras que se ubican también en los afluentes del río Beni como son el Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Kaka.

Respecto al accionar de la AJAM, la dirigente indígena aseveró que es posible que las tramitaciones se hayan suspendido en gabinete pero, en la práctica, la minería ilegal permanece activa y contaminando las cuencas de los ríos.

Tipuni acompañó la pasada semana al vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) en la entrega de un memorial ante el juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo Social y Seguridad Social e Instrucción Penal de Rurrenabaque, demandando el incumplimiento de la Resolución Judicial de la Acción Popular Nº 05/2023.

La denuncia de incumplimiento se origina porque las instituciones gubernamentales accionadas y con atribuciones en el sector: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Ministerio de Salud y Deportes (MDSyD), “no han llevado adelante acciones concretas para responder a la determinación judicial, ni tampoco han coordinado con las Fuerzas Armadas y/o la Policía Nacional para llevar medidas de control y fiscalización”, según Cpilap..

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