El ministro de gobierno ha mostrado su rostro más prepotente al  ponerse del lado de una acción que en un estado de derecho es  inaceptable, y que ha sido perpetrada por gente que es de alguna  manera no sólo cercana al partido de gobierno, sino que está ligada a  las seis federaciones de productores de coca del trópico cochabambino,  cuyo presidente es nada menos que el primer mandatario.

El presidente Evo Morales ha actuado con una gran negligencia, puesto que podemos estar casi seguros de que una llamada suya hubiera sido  suficiente para reducir esa situación a un espacio de tiempo tan corto  que en realidad tal vez ni siquiera hubiera sido necesario  mencionarlo.

Finalmente el defensor del pueblo, quien en realidad pudo haberse  zafado al expresar su preocupación y listo, ya que sus funciones no  están relacionadas al comportamiento de personas privadas sino al del  gobierno en relación al ciudadano, ha demostrado una vez más que no tiene la menor idea de sus atribuciones y que en realidad las confunde  con un vergonzoso servilismo a los detentores del poder.
El caso es grave porque pone en evidencia las debilidades del Estado.  Tenemos sin lugar a dudas un espacio territorial donde la gente tiene sus propias leyes y no obedece las del Estado.  Eso es algo que sucede  y ha sucedido en muchas partes del mundo, empezando por Colombia y la  zona tomada por las guerrillas durante más de 50 años, o en algunas  favelas de Río de Janeiro. Ha sucedido también en Bolivia en ciertos  recovecos de los Andes. Curiosamente, la palabra narcotráfico está  ligada a todas estas realidades. Ahora bien, lo que no se puede  tolerar es que el Estado no solo acepte esta situación, sino que la  aplauda y por ende la socape y la fortalezca.

Lo que han hecho las personas que han impedido el ingreso de los  visitantes al Tipnis atenta contra más de una norma que hace a la vida  democrática y a los derechos de la gente en un país. Para empezar,  está ese impedimento al libre tránsito de las personas. Y en segundo  lugar se ha ahogado el derecho a la información, más allá de las  amenazas e incomodidades a las que se ha sometido inclusive a una  persona que ya está en su novena década de vida.

En el interín ha habido declaraciones emanadas del Ministerio de  Gobierno que informan sobre la existencia de plantaciones de coca en  un lugar donde esto está completamente prohibido e inclusive de pozas  de maceración. En otras palabras, lo que tenemos es que tanto el  ministro de Gobierno, como el defensor del pueblo, han defendido,  posiblemente en forma involuntaria, la invisibilidad de productores de  cocaína. Esto es un asunto muy serio y que debería implicar  rectificaciones muy grandes para garantizar la transparencia que debe  tener la lucha contra la proliferación de cultivos de coca que vayan a  alimentar al narcotráfico.

Una vez más aquí el problema es el de la coca y su irreal elevado  precio. Los conflictos se confunden, coca, cocaína y medio ambiente y,  al final, es muy posible que las cosas cobren un cauce normal cuando  se legalice el consumo de cocaína y a partir de ese detalle la hoja de  marras deje de ser “sagrada”.