En una columna anterior yo celebraba el meritorio esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha buscado consensos en torno a esta propuesta de ley durante más de un año. Sin embargo, tal parece que los miembros de las organizaciones políticas, actores centrales de esta iniciativa, son los que más desconocen (o no reconocen, que no es lo mismo) el contenido extenso del cambio propuesto en la LOP, y nos llevan a discutir tan solo el contenido de un artículo: las primarias y su utilización política en la legitimación de la candidatura de Morales.

Veamos el nudo del problema. La propuesta de ley presentada por el TSE establece en su artículo 29 la obligatoriedad para los partidos políticos o alianzas de realizar elecciones primarias, con el objeto de que los militantes elijan a sus candidatos a presidente y vicepresidente. En la propuesta inicial se plantea la progresiva implementación de esta medida como máximo hasta las elecciones generales de 2024. Esta propuesta en esencia es muy buena, pues busca avanzar en la calidad democrática de las organizaciones políticas. Sin embargo, su discusión se ha visto enrarecida por su posible uso instrumental en la habilitación del candidato oficialista.

Existe consenso en los estudios especializados en que las elecciones primarias contribuyen a una mayor participación electoral y a la legitimación de los candidatos, puesto que van de la mano con la solidez de un sistema de partidos. La literatura en América Latina tiende a subrayar sus efectos positivos por su impacto en dos esferas: las primarias se constituyen en un estímulo, tanto en el involucramiento ciudadano en la política como la competencia electoral dentro de los partidos. Esto es un avance frente a la tradición de elegir candidatos por su dinero, herencia o resultados de encuestas de popularidad.

Sin embargo, es imposible discutir en abstracto estas virtudes de las elecciones primarias sin considerar el contexto concreto de las próximas justas electorales en Bolivia, donde todo gira en torno a la habilitación o no de un candidato. Así, muchos han expresado sus dudas sobre las modificaciones del Proyecto de Ley en la Comisión de Constitución, referidas a adelantar la implementación de las primarias para las próximas elecciones. Esto acelera los tiempos electorales en casi un año, ya que los candidatos tendrían que ser habilitados en noviembre próximo y, en ese momento, definir el nudo legal en que nos hemos metido: ¿se aplicará el referéndum del 21F o el fallo del Tribunal Constitucional? Además, considerando que se mantiene la idea de primarias vinculantes, ¿por qué se plantea en las modificaciones la participación de uno o más binomios, eliminando así la obligatoriedad de que los partidos presenten competencia?

Tiempos difíciles para todos, sobre todo para el TSE, que está siendo amenazado por moros y cristianos. Claramente, en nada ayudan las desafortunadas declaraciones del diputado Víctor Borda amenazando con un juicio penal a los vocales; como tampoco es aceptable que la diputada Mireya Montaño advierta sobre procesos por incumplimiento de deberes. Deberíamos, más bien, aportar en la discusión sobre los avances que la ley plantea al menos en tres campos que son centrales a nuestra democracia: i) el avance en la democracia interna de los partidos, ii) la discusión sobre su financiamiento, y iii) la propuesta de la democracia paritaria y la necesaria inclusión de los indígenas. Todos estos avances sustantivos son opacados si solo nos concentramos en la candidatura de Morales.