Pobladores de las ocho comunidades del Ayllu Acre Antequera, en la provincia Poopó del departamento de Oruro, luchan contra la minería ilegal que está por extinguir sus fuentes de agua, las que alimentaban los bofedales donde crecían plantas de totora y, en los alrededores, el suelo era apto para producir papa, quinua, varios tipos de haba y el ganado era abundante.

El 5 de abril, miembros del sindicato minero Avicaya La Salvada atacaron una protesta pacífica que los comunarios de Totoral Chico realizaban en el ingreso a ese campamento, en demanda de que frenen los avasallamientos a tierras de pastoreo y que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) rechace la renovación de concesiones a quienes incumplen las medidas ambientales y los compromisos sociales con las comunidades.

Las comunidades del ayllu son Chapana, Antequera, Charcajara, Queaqueani Grande, Queaqueani Chico, Huacuyo, Totoral Grande y Totoral Chico, las que territorialmente ocupan parte de los municipios de Pazña y Antequera.

“Este lugar es considerado como municipio agro-minero y el cañadón es considerado en Oruro como los caminos del tío (el diablo)”, señaló Marcos Ventura, minero de Avicaya.

Así como la vegetación y la vida silvestre eran abundantes, “lastimosamente” la zona también era rica en minerales como el zinc, el estaño y la plata. Por ello, quienes acusan a los comunarios por pretender dejarlos sin fuentes de trabajo, aseguran que “el cañadón de Antequera” es tradicionalmente minero, que incluso uno de sus sindicatos fue creado en 1945.

“Para 2011 ya había desaparecido parte de los bofedales; eso pasó porque las empresas mineras estaban consumiendo el agua que los alimentaba. Antes, las comunidades no necesitaban agua de cañería, tenían pozos cristalinos; ahora deben exigir que las empresas purifiquen el agua que les reparten por cisternas”, contó Hernán Roque, miembro del Consejo de Justicia del Ayllu Acre Antequera.

Las fotos actuales de esa zona corroboran que en ese territorio los bofedales se han convertido en basurales. Esto hace mucho más difícil creer que en ese mismo lugar antes crecían totoras, que en los cerros que rodean los campamentos mineros se producía papa y haba; además, los pobladores tenían ganado de ovejas y vacas, como asegura Roque.

Ahora, él es un desplazado. Una dura realidad que asume desde junio de 2022, cuando luego de ser procesado por el supuesto avasallamiento a la empresa minera Illapa, que opera en el sector, fue denunciado por portar explosivos ilegalmente.

“Uno de los policías plantó dinamita en mi mochila”, aseguró el dirigente en contacto con Visión 360. Por este hecho debió pasar un mes en la cárcel de San Pedro de Oruro, de donde logró salir porque la denuncia no tenía fundamentos. Desde ese momento, tanto su vida familiar y su situación en la comunidad fueron empeorando, pero asegura que la lucha por salvar su comunidad no se frenará.

Junto con Roque, otra dirigente que fue desplazada de su comunidad es Berta Ayala. Ambos son señalados por los mineros como causantes de la división de los pobladores.

“Sí, antes nuestros padres han tenido animales, ganado, han sabido sembrar, pero hoy con el calentamiento global y el cambio climático no hay garantía para sembrar, para tener ganado; por eso, compañeros, por eso todo este lugar está considerado como municipio agro-minero y todos los comunarios trabajamos aquí, todo este cañadón está considerado en el departamento de Oruro como los caminos del tío (el diablo)”, aseguró Marcos Ventura, un minero de base que asegura ser parte de la comunidad, pero rechaza la lucha por el agua.

La declaración la brindó a la “Emisora Sindical 16 de Marzo - Mina Bolívar”, el 9 de abril, luego de que pobladores de Totoral Chico denunciaran en la ciudad de La Paz, con evidencias, la violencia con la que fueron desalojados de esa zona. Los videos muestran cómo los mineros y sus esposas golpearon y arrastraron a los comunarios que habían instalado un bloqueo.

Una de esas víctimas fue Soraida Ventura, dirigente de la comunidad y, junto con ella, Maritza Salazar, Luis Alberto Ventura, Brian Ventura, Zulma Quispe Condori, Jimena Choquetijlla, Claribel Ventura, Rubén Cruz, Érika Ventura, Lidia Cruz y Teodora Choque. Ahora ellos se sumaron al grupo de Roque y Ayala, como desplazados, ante el ataque de los mineros.

“Desde esa fecha vivo en Oruro, tuvimos que salir de nuestras casas unas 13 personas; de vez en cuando yo regreso (a Totoral Chico) para ver cómo está mi vivienda, pero la gente te vigila. Los que nos agredieron fueron los del sindicato de Avicaya, con sus esposas. No podemos regresar porque nos insultan, nos amenazan y no hay libre transitabilidad”, comentó Maritza Ventura.

Las vulneraciones fueron tales que, según la abogada Beatriz Bautista, de la Asociación Qhana Pukara Kurmi, quien brinda asesoramiento a los comunarios, se presentó una acción de libertad. No obstante, pese a la gran cantidad de evidencia, un juez de Oruro les rechazó la demanda.

Ante ello, presentaron una demanda ante la Fiscalía de Huanuni, por lesiones graves y leves. Soraida Ventura identificó como uno de los líderes de sus agresores del 5 de abril a Iber Huaylla Condori, representante legal de la Empresa la Salvada. Junto a él, fueron denunciados ante el Ministerio Público Nelson Atanacio Pacheco, Reimi Magne Mendoza, Fabio Aguirre Capriles, Wilson Herbas Huanca, Gladis Flores, Imanol Dávalos, Iván Solano Calani y Soledad Arellano Colque, todos ellos parte del centenar de mineros y sus esposas, que atacaron a los comunarios.

Visión 360 se comunicó con el representante legal de la empresa, Iber Huaylla, quien primero atendió la llamada y pidió que atendería las consultas después porque estaba de viaje. Este medio de comunicación volvió a llamarlo varias veces y le envió las preguntas por mensaje para contar con su contraparte, pero no dio ninguna respuesta.

Al contrario de lo que pasó con la denuncia contra Roque, hasta la fecha y pese a todas las evidencias, la Fiscalía de Huanuni no ha detenido a ninguno de los involucrados en las agresiones contra los comunarios del lugar.

El jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Héctor Huanca, informó a Visión 360 que el responsable de la Defensoría en Oruro hizo seguimiento a los conflictos en el Ayllu Acre Antequera y que se proporcionaría información puntual más adelante.

De forma paralela, explicó Huanca, se ha coordinado el intercambio de información con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que ya conoce el caso y anunció recomendaciones. En esa línea, la Defensoría considera que, en primer lugar, el trabajo se debe enfocar en pacificar el clima de violencia entre mineros y comunarios.

Huanca afirmó que en las siguientes reuniones con los representantes del Alto Comisionado se recomendará que esta instancia brinde a los comunarios “asistencia técnica en temas como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa. Son temas que se pretende articular más adelante”, dijo.

Por su lado, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), informó que recibieron los testimonios de los miembros de las comunidades del Ayllu Acre Antequera “sobre violación de derechos humanos como también de  violación a los derechos de la niñez, pues entre ellos hay menores de edad víctimas de violencia, quienes presenciaron la gasificación de sus casas e interrumpieron su educación, para resguardar su integridad, a raíz de la conflictividad social relacionada a las actividades extractivas mineras”, señaló a Visión 360.

La senadora explicó que, por los documentos presentados por los representantes del ayllu, se tienen elementos para señalar que existe un incumplimiento al Reglamento Ambiental Minero para Actividades Mineras (Raam) y del marco normativo de protección ambiental en general. Señaló que, junto con la diputada Toribia Lero, de la misma tienda política, atendió a los dirigentes por las agresiones que sufrieron en abril.

“La actividad minera generó una creciente conflictividad social en todo el Estado debido a la violación sistemática de derechos humanos y degradación ambiental, en particular de las fuentes de agua. Comunidades locales, como es el caso de Totoral Chico, y por lo general en comunidades indígenas y campesinas, a menudo enfrentan el despojo de sus territorios, la contaminación de fuentes de agua y la pérdida de medios de subsistencia, sin ser adecuadamente consultadas ni compensadas. En este caso, las mujeres agredidas tuvieron que enfrentar una situación de desplazamiento interno, debido a las amenazas de violencia que ellas y sus familias enfrentaban”, consideró la senadora Requena.

“En muchos casos existe la criminalización de los defensores ambientales, quienes se oponen a la minería, creando un ciclo de tensiones y violencia”, señaló la senadora Cecilia Requena, de CC.

En otra entrevista de la Emisora Sindical, el secretario de Relaciones del Sindicato Avicaya, Nelson Atanacio, dijo que también es comunario del sector y que creció y se educó junto a Soraida Ventura. Pero dijo no comprender el actuar de su vecina y señaló que la zona donde se dio la vigilia de los comunarios en abril, es un área entregada a ellos, para que realicen actividad minera, que incluso dieron trabajo a los familiares de los dirigentes y que todos en esa región se dedican a la minería. Acusó a Ventura y Roque de haber creado disputas en centros mineros que operan en el territorio del Ayllu Acre Antequera.

En respuesta, Roque explica que su lucha tiene un sentido básico de supervivencia, porque, al momento, tres de las ocho comunidades ya no tienen agua, en especial Totoral Chico, y dependen de la que les reparten las mineras. Con ello, se entiende que el agua de las fuentes subterráneas ya no existe o está contaminada, y con ella ha desaparecido el delicado ecosistema que era aún más antiguo que la actividad minera reclamada por los miembros de los sindicatos.

Maritza Salazar afirma que ya no desean la presencia de las empresas mineras, ante todo, por la depredación que generan para su comunidad, cuyos habitantes no podrán subsistir más adelante, cuando los mineros hayan terminado de explotar todos sus recursos y solo queden las estériles y tóxicas aguas contaminadas penetrando un terreno que no podrá regenerarse.

“Que se vayan las mineras, ya no se puede vivir así, son empresas transnacionales las que apoyan a estos mineros, pero nosotros ya no los queremos. A las autoridades les pedimos justicia, ya que nos han botado de nuestro territorio. Los mineros y sus mujeres rodean nuestras casas y no podemos transitar libremente”, lamenta Salazar.

Requena explicó que históricamente las empresas mineras nacionales y las trasnacionales, las cooperativas y los sindicatos, a los cuales algunos miembros de las comunidades pertenecen, suelen operar con escasa transparencia, lo que alimenta la desconfianza y el descontento entre las poblaciones afectadas.

“Existe la criminalización de los defensores ambientales, quienes se oponen a la minería, creando un ciclo de tensiones y violencia que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades, mientras los beneficios económicos de la minería se concentran en pocos actores, exacerbando las desigualdades”, manifestó.

Mineras

• EMPRESAS. De acuerdo con los datos de la senadora Cecilia Requena, en el caso de Acre Antequera están involucradas empresas como Glencore Santa Cruz Silver Mining (supuestamente existe un contrato minero del 2010-2012). 
• MINEROS. La salida de Glencore del país generó que los trabajadores se apropiaran de la infraestructura y permitieran la incursión de la empresa Meraki, la que opera con el apoyo de tres sindicatos, de los que no se tiene certeza de su legalidad.
• CRITERIO. Otra empresa cuestionada es Bolívar, la que ya fue denunciada por los impactos ambientales y violaciones a los DDHH relacionados con la actividad de Santa Cruz Silver Mining e Illapa.