Medio: La Razón
Fecha de la publicación: sábado 25 de agosto de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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La oposición advirtió que el objetivo de aplicar las primerias en 2019 responde a una estrategia del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para validar la repostulación del presidente Evo Morales y pasar por alto el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, ya que esta normativa dispone que el resultado de las elecciones primarias será de carácter vinculante.
“Dicho proyecto de ley permite a los militantes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas elegir a sus candidatos mediante elecciones primarias para la conformación de su binomio presidencial, dichos resultados son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. El primer acto eleccionario se realizará en 2019 con vistas a las elecciones presidenciales a fines del mismo año”, informa la Cámara de Diputados en un comunicado de prensa.
“De acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley #OrganizacionesPoliticas propuesta por el MAS las alianzas deberían inscribirse mediados de octubre 2018!!!!! En esas condiciones la articulación de una alternativa seria para el país se hace cuesta arriba. Electoraliza el país y eliminación de la competencia del MAS . #BoliviaDijoNo” (Sic), advirtió la diputada Fernanda San Martín, de la opositora Unidad Demócrata (UD), en su cuenta en Facebook.
El comunicado de la Cámara Baja destaca, sin embargo, que la aprobación se hizo con “cambios propuestos por el oficialismo y la oposición”, entre los que menciona uno propuesto por San Martín.
“Propuso la modificación del título del Artículo 18 ‘Régimen de Género’ por ‘Régimen de Despatriarcalización’, ya que el articulado plantea la transformación en el régimen interno de los partidos para la promoción de la paridad, equivalencia e igualdad de oportunidades para la participación política de la mujer”, señala.
Sobre el financiamiento económico a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el proyecto establece que se retornará al financiamiento indirecto público y prohíbe recibir recursos del exterior. Si es que se trata de cooperación internacional para fortalecer la democracia, el Tribunal Supremo Electoral estará encargado de distribuirlos bajo el criterio de proporcionalidad y equidad.
Además, el proyecto indica que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán rendir cuentas ante sus militantes y la ciudadanía sobre los recursos que administra.
El proyecto de ley pasó para su revisión en la Cámara de Senadores. (25/08/2018)