Desde el ejercicio ciudadano libre e independiente, un grupo de 275 personas se pronunció en defensa de los presos, perseguidos y exiliados políticos, ante el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la liquidación de la independencia de fiscales, jueces y magistrados ocasionado por el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS).

275 ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia y los derechos humanos, se pronunciaron ante la “degradación judicial ocasionada por el régimen del MAS para utilizarla como instrumento de persecución y represión política según el modelo autoritario seguido por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

“Denunciamos el desmantelamiento de la institucionalidad democrática boliviana que incluyó la liquidación de la independencia de fiscales, jueces y magistrados, habiendo utilizado en última instancia la elección judicial por voto universal manipulada desde el poder para la instalación de un comisariato incompetente y corrupto a su servicio, responsable de la sistemática vulneración de los derechos y garantías de las personas”, se lee en el documento que circularon.

Sostiene que se llegó al extremo de ejecutar a Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer en el caso denominado ‘Hotel Las Américas’ (16/04/2009), y provocar la muerte de José María Bakovic (12/10/2013), Marco Antonio Aramayo (19/04/2022) y Juan Carlos Manuel (09/01/2023) como efecto de la persecución, prisión, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos, aplicados igualmente a Mario Tadic, Elod Tóásó, Franklin Gutiérrez, Tonchi Bascopé y César Apaza, entre otros.

Asimismo, denunciaron la inexistencia de un sistema procesal penal verdadero al haberse eliminado el “principio del juez natural”, con restricciones del derecho a la defensa y otros derechos de los que son injustamente detenidos y procesados, además con vulneración de los plazos y formas procesales, “convirtiendo las audiencias en sesiones de tortura prolongadas por hasta doce horas”.

En su criterio esto configura un contexto de arbitrariedad que genera inseguridad, indefensión e injusticia en contra de las víctimas sometidas al abuso por razones de índole política, “como Jeanine Áñez, Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho y los más de 300 presos políticos existentes a la fecha, incluyendo miembros de las FF.AA. y la Policía”.

Todo este escenario que es facilitado por “elementos descalificados en función de fiscales, jueces y magistrados encargados de la tramoya persecutoria por hechos inexistente y sin pruebas, como el supuesto “golpe de estado de 2019” que en realidad fue una gesta ciudadana de defensa de la democracia ante el fraude perpetrado por el MAS”, se pronunciaron.

Asimismo, denunciaron la persecución de ciudadanos a través del aparato judicial, situación por la que se declararon en la clandestinidad y “829 fuera del país en calidad de refugiados políticos, impedidos de retornar ante la certeza de que hacerlo equivaldría a perder su libertad al entregarse al aparato perverso de persecución política en pleno funcionamiento en Bolivia”.

Todos los ciudadanos y ciudadanas firmantes se solidarizaron con los presos y exiliados políticos y todo su entorno familiar, de defensa jurídica y organizaciones de derechos humanos que siguen los casos a quienes instaron a la mantener el ánimo y seguir haciendo el relevamiento de la información. “Pedimos especial interés en las declaraciones del ex ministro de (IN)justicia Iván Lima, prueba de cargo contra el masismo que debe ser conservada con mucho cuidado”.

Finalmente, pidieron a la población poner atención en las elecciones judiciales, llaman a votar por quienes “sean menos sospechosos de vinculación con la dictadura criminal masista”. Y exhortan a ser “celosos observadores del proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado, para evitar que recaiga en algún operador del MAS.