El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó y denunció que las elecciones judiciales corren el riesgo de paralizarse nuevamente, porque hay amenazas para interponer acciones de amparo constitucional con medidas cautelares.

“Quiero alertar y denunciar que hemos tomado conocimiento -no de manera formal- de algunas acciones de amparo constitucional que pretenderían interponer medidas cautelares para paralizar el proceso electoral”, sostuvo el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, en el programa El país que soñamos difundido en radio Santa Cruz y el Facebook de ANF.

El TSE tiene la misión de administrar las elecciones judiciales el 1 de diciembre de 2024, un proceso que está rezagado, porque debió realizarse el año pasado. En enero de este año, nuevas autoridades debieron asumir las  funciones en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Vargas sostuvo que este tipo de situaciones, en relación a las amenazas de acciones constitucionales, “ponen en riesgo el proceso electoral, la fecha que definimos y el trabajo que estamos realizando y que está encaminado con personal que hemos contratado”.

El proceso de preselección de los candidatos a los máximos cargos de los tribunales de justicia y constitucional que se realizó en la Asamblea Legislativa Plurinacional tuvo que enfrentar varios obstáculos y problemas.

“La población juzgará estos intentos de paralizar un proceso democrático que debió llevarse a cabo el año pasado, es un proceso rezagado”, sostuvo la autoridad.

Actualmente, estos tribunales de justicia y constitucional están conducidos por “magistrados” autoprorrogados, carentes de legitimidad y legalidad, toda vez que ampliaron su mandato al margen de la Constitución Política del Estado, sostienen las voces críticas.

 El vocal Vargas insistió que los tribunales electorales departamentales y el TSE tienen un trabajo encaminado, incluso con personal eventual que ha sido contratado para este proceso. “Ojalá que no haya ningún fallo que ponga en riesgo ese derecho que tienen los bolivianos de elegir a sus autoridades para uno de estos órganos del Estado”, precisó.