Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 01 de octubre de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, parece ocioso repetirlo, Evo Morales no podría ser candidato nuevamente. La Constitución establece un máximo de dos mandatos para un presidente, o sea, una sola reelección. La votación adversa a Morales en el referéndum del 21-F derrotó su intención de cambiar la Constitución para poder postularse indefinidamente a la presidencia. La CIDH declaró que Morales no podía alegar la violación a sus derechos humanos para postularse nuevamente a la presidencia.
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De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, parece ocioso repetirlo, Evo Morales no podría ser candidato nuevamente. La Constitución establece un máximo de dos mandatos para un presidente, o sea, una sola reelección. La votación adversa a Morales en el referéndum del 21-F derrotó su intención de cambiar la Constitución para poder postularse indefinidamente a la presidencia. La CIDH declaró que Morales no podía alegar la violación a sus derechos humanos para postularse nuevamente a la presidencia.
Si bien el veredicto del TCP de diciembre de 2023 también declara que no existe la figura de la reelección indefinida, ésta está exenta de autoridad moral. Las sentencias de los TCP elegidos en los gobiernos del MAS se ajustan a los deseos del gobierno de turno, aunque contradigan sentencias anteriores. Ese fue el caso con el aval legal que dio el TCP al gobierno de Añez que luego fue retirado en el actual gobierno por los mismos magistrados. Entonces, ¿por qué habría de tomarse en cuenta el veredicto del TCP, auto prorrogado, de diciembre del 2023, inhabilitando a Morales, y no la sentencia del 2017 que habilitaba a Morales a precisamente postularse indefinidamente alegando que sus derechos humanos estaban siendo violados? Se dirá, porque el primero es correcto legalmente, pero moralmente son equivalentes dado que eran totalmente predecibles dados los intereses de los gobiernos de turno, por tanto, exentos de valor y legitimidad.
Los gobiernos del MAS han transgredido y envilecido el orden constitucional a tal punto que no es posible contemplar un retorno a la legalidad y la institucionalidad con gobiernos del MAS. Para hacerlo se tiene que empezar nuevamente de cero. Ignorar la Constitución y la voluntad popular a través del 21-F para imponer la reelección indefinida es el caso más emblemático, pero está lejos de ser el único. El fraude perpetrado por Morales en la elección de 2019, confirmado por la misión de la OEA, es otra instancia.
El gobierno de Morales no fue el único en atentar contra el ordenamiento jurídico. El gobierno de Arce actuó en la misma lógica al impedir la elección del TCP y demás órganos judiciales para luego poder imponer un TCP subordinado al gobierno a través de su auto prórroga, figura que no existe en la Constitución. De igual modo con los juicios a Añez en la justicia ordinaria que debieron ser juicios de responsabilidad ante la ALP.
Todo lo cual nos lleva a por qué Morales debería ser candidato el 2025.
La realidad es que, habiendo sido quebrantado el ordenamiento legal, su incumplimiento en este caso sería, como reza el dicho popular, una raya más al tigre. Por eso es que lo que debería primar es la conveniencia política, no la legalidad, en las próximas elecciones.
Lo que pasó en la elección del 2020 ilustra este argumento. Según el ordenamiento legal el MAS debió haber sido proscrito al haber perpetrado fraude en la elección del 2019. El peso de la evidencia claramente se inclinaba en esa dirección. Sin embargo, proscribir al MAS, en estricto cumplimiento a la ley, hubiera deslegitimado esa elección. Hubiera dado lugar a un gobierno débil y a una oposición implacable que hubiera podido alegar su proscripción para intentar su desestabilización con consecuencias imprevisibles y probablemente nefastas.
Morales quiere nuevamente hacer ingobernable el país –característica que por excelencia definió y continúa definiendo al MAS cuando está en la oposición- si no se permite su candidatura, no importa el daño que pueda causar.
Si bien Morales ha sufrido un gran desgaste desde su renuncia y fuga, desgaste que se acentúa con el violento conflicto que sostiene con el gobierno por querer ser candidato nuevamente, probablemente siga disfrutando del apoyo de un porcentaje, ¿35%?, ¿25%?, considerable de la población. Además, una proporción significativa de ese porcentaje tiene una lealtad particularmente intensa a su liderazgo, haciendo posible su movilización mucho más allá de la de seguidores de cualquier otro candidato.
Evitar que Morales pueda ser candidato daría lugar a que se haga la víctima de una conspiración de la supuesta alianza arcista con la derecha. Sería la mejor manera de hacer crecer su figura, dando legitimidad a una violenta oposición, lo único en lo que verdaderamente se destaca.
En cambio, la derrota electoral de Morales sería la mejor manera de disminuir su figura y por tanto su capacidad de convulsionar al país. ¿Cómo lograr semejante bendición? Habilitando su candidatura para dividir el voto del MAS. Esta estrategia también es la más prometedora para evitar un nuevo gobierno del MAS con Arce dado que éste no contaría con el apoyo del ala evista, ni Morales con el del gobierno, en una segunda vuelta. A estas alturas del partido, con una oposición débil y fraccionada, dar lugar a la división electoral del MAS es la estrategia más prometedora para evitar un nuevo gobierno masista.
