Lo que ha pasado en la entrada chapareña del TIPNIS el fin de semana pasado es un abuso que no debería pasar sin la respectiva sanción y las disculpas del caso, tanto de los que impidieron el ingreso de un grupo de personas al territorio del parque nacional, como de las autoridades del Gobierno, que han apañado una acción que, en su estricto sentido, es un secuestro, aunque “sólo” hubiera durado media docena de horas, y aunque no se hubiera pedido rescate alguno por los rehenes.

El Ministro de Gobierno ha mostrado su rostro más prepotente al ponerse del lado de una acción que en un Estado de Derecho es inaceptable, y que ha sido perpetrado por gente que es, de alguna manera, no sólo cercana al partido de gobierno, sino que está ligada a las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico Cochabamba, cuyo Secretario General es nada menos que el Primer Mandatario.

El Presidente Evo Morales ha actuado con una gran negligencia, puesto que podemos estar casi seguros de que una llamada suya hubiera sido suficiente para reducir esa situación a un espacio de tiempo tan corto, que, en realidad, tal vez ni siquiera hubiera sido necesario mencionarlo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, quien en realidad pudo haberse zafado expresando sólo su preocupación y listo, ya que sus funciones no están relacionadas al comportamiento de personas privadas, sino al del Gobierno en relación al ciudadano. Pero ha demostrado, una vez más, que no tiene la menor idea de sus atribuciones y que, en realidad, las confunde con un vergonzoso servilismo a los detentores del poder.

El caso es grave porque pone en evidencia las debilidades del Estado. Tenemos, sin lugar a dudas, un espacio territorial donde la gente tiene sus propias leyes y no obedece las del Estado. Eso es algo que sucede y ha sucedido en muchas partes del mundo, empezando por Colombia y la zona tomada por las guerrillas durante más de 50 años, y algunas favelas de Río de Janeiro. Ha sucedido también en Bolivia, en ciertos recovecos de los andes. Curiosamente, la palabra narcotráfico está ligada a todas estas realidades.

Ahora bien, lo que no se puede tolerar es que el Estado no sólo acepte esta situación, sino que la aplauda y, por ende, la socape, y la fortalezca.

Lo que han hecho las personas que han impedido el ingreso de los visitantes al TIPNIS atenta contra más de una norma que hace a la vida democrática y a los derechos de la gente en un país. Para empezar, está ese impedimento al libre tránsito de las personas y, en segundo lugar, se ha ahogado el derecho a la información, más allá de las amenazas e incomodidades a las que se ha sometido inclusive a una persona, que ya está en su novena década de vida.

En el interín han habido declaraciones emanadas del Ministerio de Gobierno que informan sobre la existencia de plantaciones de coca en un lugar -donde eso está completamente prohibido- e inclusive de pozas de maceración. En otras palabras, lo que tenemos es que tanto el Ministro de Gobierno, como el Defensor del Pueblo, han defendido, posiblemente en forma involuntaria, la invisibilidad de productores de cocaína.

Esto es un asunto muy serio y que debería implicar rectificaciones muy grandes para garantizar la transparencia que debe tener la lucha contra la proliferación de cultivos de coca que vayan a alimentar al narcotráfico.

Una vez más, aquí el problema es la coca y su irreal elevado precio. Los conflictos se confunden, coca, cocaína, y medio ambiente, y, al final, es muy posible que las cosas cobren un cauce normal cuando se legalice el consumo de cocaína y, a partir de ese detalle, la hoja de marras deje de ser “sagrada”.

Agustín Echalar Ascarrunz es operador de turismo