La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura sobre la reelección indefinida al declarar como “inadmisibles” tres denuncias por supuesta violación de derechos humanos interpuestas contra el Estado boliviano. Las denuncias hacían referencia al desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y a la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0084/2017, la cual permitió la candidatura presidencial del expresidente Evo Morales en octubre de 2019, bajo la interpretación del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

En su reciente fallo, la CIDH subraya que el Estado boliviano, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 10/10/2023-S4, revisó su posición sobre la reelección indefinida y acogió la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este documento sostiene que la reelección indefinida “no es un derecho autónomo protegido por la CADH”, y que la limitación a la reelección es compatible con los principios establecidos por dicho instrumento internacional de derechos humanos.

En su Informe de Inadmisibilidad N°121/24, emitido el 30 de agosto de 2024, la CIDH afirma que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló la sentencia SCP 0084/2017, objeto de las denuncias, y que, por lo tanto, “no se mantuvo en el tiempo, ni generó el daño concreto de permitir una reelección presidencial consecutiva”.

De esta manera, la CIDH concluyó que el Estado boliviano desactivó las causas que motivaron las denuncias iniciales, presentadas por Franco Alejandro Albarracín Vallejos, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar Sánchez, José Antonio Rivera Santivañez, Rosa Julieta Montaño Salvatierra, Rafael Humberto Subieta Tapia y Fernando Prado Salmón.

La Procuraduría General del Estado (PGE) jugó un papel clave en la defensa del Estado, al acumular las tres denuncias y formular argumentos que llevaron a la resolución final favorable a Bolivia, reafirmando que la prohibición de la reelección indefinida es acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.