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Medio: EJU TV
Fecha de la publicación: viernes 27 de septiembre de 2024
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El ampliado nacional del Pacto de Unidad arcista, en el que también participaron la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales aliadas, determinó conminar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a reconocer a la dirigencia de la Directiva del MAS-IPSP, liderada por Grover García, de lo contrario asumirán medidas “drásticas”.
“Conminamos a TCP y al TSE el reconocimiento de manera inmediata a la directiva de la Dirección Nacional del MAS – IPSP, a la cabeza de Grover García, quien fue elegido como presidente en un magno congreso en la ciudad de El Alto, caso contrario tomaremos las acciones más drásticas que nos permite nuestros estatutos y reglamentos”, señala la parte novena de la resolución de su ampliado nacional, que se realizó este viernes en la ciudad de El Alto.
Asimismo, piden la evaluación “inmediata” de los ministros, viceministros, directores y gerentes, para la reconducción del Estado boliviano y así dar respuesta a la población boliviana en el problema de la canasta familiar, la falta de combustible, la escasez del dólar y otros.
Posición sobre marcha evista
El sector social afín al Gobierno también afirmó que condena los actos de vandalismo y la violencia ejercida a nombre de una “supuesta marcha pacífica, incitación a delinquir, persiguiendo intereses políticos personales” para una nueva repostulación, orientada a desestabilizar al Gobierno.
“El Pacto de Unidad, en coordinación de la COB y de organizaciones sociales, defenderemos nuestra democracia ante los planes de Evo Morales, que pretende dar un golpe de Estado, intentando pisotear nuestra Constitución Política del Estado”, anticipan.
Agregan que se declaran en estado de emergencia permanente ante las amenazas de convulsionar el país, promovido por el evismo. Además, en otro tema, piden que se realice mayor control en la especulación y agio de los productos de la canasta familiar a través del viceministerio de Defensa del Consumidor, la Policía y otras entidades.