El Gobierno de Luis Arce sostiene que las acciones emprendidas por el expresidente Evo Morales están reñidas con la ley y la Procuraduría recordó que el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía deben tomar cartas en el asunto. Mientras, el líder cocalero, que encabeza una marcha hacia la ciudad de La Paz, acudió a las Naciones Unidas para denunciar persecución judicial y criminalización. 

En un comunicado difundido ayer, la Procuraduría General del Estado (PGE) recordó que dos fallos de una sala constitucional de La Paz establecieron que los bloqueos y las interrupciones a la transitabilidad en carreteras atentan contra los derechos de la población y conminaron “al cese de cualquier conducta, acción u omisión protagonizada por la parte accionada, Juan Evo Morales Ayma, así como los distintos actores políticos” que lo acompañan. 

“En caso de desobedecer o incumplir (las disposiciones legales) deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público”, se añadió en el comunicado de la PGE. 

El líder cocalero se encuentra en su quinto día de la denominada “marcha para salvar Bolivia”, la cual partió de Caracollo (Oruro) y pretende llegar el lunes a la ciudad de La Paz. 

Entre los pedidos de la marcha se encuentra la atención a la situación económica del país y la autorización para que Evo pueda ser candidato a las elecciones generales del 2025. 

Desde el Gobierno se denunció que la marcha no sólo busca habilitar a Morales para las elecciones próximas, sino también ejecutar un “golpe de Estado” contra Arce y su gobierno. 

Medios estatales informaron además que dos activistas, Melania Torrico y Marvia Subirana, presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra Morales por los delitos de “instigación pública a delinquir, desórdenes o perturbaciones públicas y atentados contra la libertad de trabajo”, de acuerdo a un reporte de ABI. 

Morales publicó ayer en su cuenta de X una carta enviada el 20 de septiembre al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denuncia “criminalización por parte del Gobierno” y “amenazas contra la integridad física y la libertad” del exmandatario, quien repite que la marcha es “pacífica”.