Una de las habilidades “ocultas” del Movimiento Al Socialismo (MAS) casi desde su nacimiento fue la de dominar la agenda mediática con mano de hierro. Pretendiéndolo o no, sobre todo al principio, Walter Chávez y el círculo rojo de Evo Morales, pero también los dirigentes de las organizaciones sociales y los condepistas herederos de Palenque arrimados al Instrumento tiranizaban la agenda metiendo temas en el debate en una época donde la emergencia social y la necesidad de cambio bullía. Aparentemente, había un objetivo: agitar la calle para llegar al poder.

Una vez en el gobierno y pasado el periodo de la emergencia “revolucionaria” inicial, donde simplemente no había otra agenda que esa, tomó las riendas de la “agenda pública” el poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que se convirtió en poco tiempo en un experto en esas lides: una intervención, una filtración o un ataque despiadado servía para crear focos o desviar otros también con fines de gobernabilidad interna, para esa purga implacable que debilitó al partido en el mediano plazo. El objetivo en ese tiempo era mantenerse en el poder a cualquier precio y lo cierto es que lo logró hasta que le fue imposible hacer desaparecer el resultado del referéndum de 2016.

La batuta de Lima

El gobierno actual, de matriz masista aunque cuestionado por los propios también ha heredado esa suerte de habilidad, pero su eficiencia no parece muy positiva hasta el momento, pues casi todas las iniciativas acaban en el basurero, al menos las que directamente patrocina el ministro de Justicia Iván Lima.

La última ha sido la del referéndum no constitucional que pretendía levantar la subvención a los hidrocarburos con la venia del pueblo y, sobre todo, cerrar el paso a una eventual candidatura de Evo Morales en 2025. El operador de la estrategia ha sido el ministro de Justicia Iván Lima, que por segunda vez ha tratado de vender el argumento de que la Constitución dice que la reelección discontinua está prohibida, cuando no lo dice, y ni los funcionarios del TSE ni los auto prorrogados del Tribunal Constitucional han querido avalarlo. Unos porque se juegan su credibilidad ante una elección que promete ser peliaguda; los otros porque ya han entrado en tiempo de descuento con las Judiciales convocadas, lo que ha roto el idilio con el Ejecutivo de forma inmediata.

En Bolivia gusta demasiado la teoría de la conspiración, pero resulta complicado de creer que toda iniciativa se trata de un globo sonda para testear la verdadera opinión pública o simplemente, estrategias para desviar la atención: El presidente Luis Arce anunció un referéndum el mismísimo 6 de agosto, en el acto más solemne de la institucionalidad nacional, y ya al día siguiente quedó en evidencia que no se pretendía seguir el procedimiento constitucional sino imponerlo a través de interpretaciones, resoluciones y otras herramientas burocráticas tipo “derecho humano a la reelección” que esta vez no pasaron el filtro.

Fue el mismo ministro Lima el que anunció que las palabras del Presidente quedaban en nada luego de haber lanzado uno de esos globas sonda experimentales, negando a la vez que vaya a postular a Fiscal y abriendo la puerta a que ese sea su destino “si lo dispone el presidente”, y lo cierto es que aquella puede ser una excelente puerta de salida para un ministro que ha enconado hasta el punto irreversible la contienda entre Arce y Morales dejando en mal lugar al presidente, que anunció un referéndum que no se hará: el propio Lima aseveró que todos los aspirantes a Fiscal debían haber renunciado antes de iniciar la pugna… Otro sector arcista, sin embargo, apuesta porque Lima sea cesado con escarnio tras el resultado de su gestión.

Como sea, Arce debe mover ficha y explicarla con claridad, pues últimamente incluso cuando intenta dar tranquilidad, como cuando negó la intención de implantar un control de divisas a los exportadores en una entrevista con Susana Bejarano, acaba haciendo disparar las alarmas con la coletilla “por el momento”.

Semana opositora: Santa Cruz y el censo “imposible”

El otro gran tema de la semana, que también parece globo sonda por la capacidad de levantar pasiones y desviar atenciones tiene que ver con los resultados del Censo de Población y Vivienda que, por enésima vez, ha puesto en pie de guerra a los cruceños, aún cuando varias voces autorizadas advierten que están cayendo directamente en una suerte de trampa, si es que se puede llamar así a una supuesta estrategia deliberada de “contar de menos” para hacer enojar a todo el mundo y así convertir en inaplicables los resultados hasta nuevo aviso, tanto en lo que toca a la distribución de diputados como de recursos.

El cuestionamiento a los resultados es insostenible, primero porque nadie querría ser menos de los que se es, pues de ahí depende financiamiento externo y muchísimos recursos a fondo perdido de organismos como Unicef, la OMS y demás; segundo porque ha sido avalado en estos meses por otros organismos internacionales y tercero porque parece evidente que las predicciones del INE eran demasiado optimistas manteniendo tasas de natalidad muy superiores a las que son tendencia en países mayoritariamente urbanos – como es ahora Bolivia – y en vías de desarrollo.

Como el asunto estaba en la agenda y tocaba pelea, los principales dirigentes de la oposición – los mismos que cuestionaron la realización y animaron veladamente a la “abstención” – hoy dicen que no es creíble y exigen auditorías, etc., aunque es difícil hacer aparecer gente. Ahora, hay que cuidarse de la sobreactuación: Santa Cruz ha confirmado sus datos estadísticos, pues es el departamento más poblado y el que debe recibir más diputados, pero como la cifra dista de la que se había proyectado, han iniciado movilizaciones sin un reclamo claro. Es posible que el Comité Cívico y el propio Luis Fernando Camacho necesiten de una confrontación para revigorizarse, así como el gobernador en funciones lo necesita para mostrarse como antimasista. Reymi Ferreira, exministro de Evo y medio verso libre hoy, advertía que si el departamento más beneficiado rechaza el Censo, el gobierno tendría la excusa perfecta para suspender su aplicación inmediata y evitar así otros conflictos con el occidente, donde, aunque suene raro, puede haber gente dispuesta a ir “hasta las últimas consecuencias” para defender un curul.

Ahora, si al gobierno se le ocurre suspender de alguna forma la aplicación de los datos, cuestionando así la propia credibilidad del Censo, quebraría una vez más la confianza y podría tener consecuencias graves entre la comunidad internacional y los mercados. El documento no es un juego.