El dirigente de la comunidad Lajita Moroco de Vallegrande, Benigno Barrientos, calificó como una burla la reciente respuesta emitida por el ministro de Energía, Rafael Alarcón, a la Petición de Informe Escrito (PIE) planteada por el senador Yerko Núñez, en la que señaló que no se cuenta con toda la información del proyecto para responder las consultas.

"Estamos seguros que ENDE no podrá obtener más información de la que ya recogió, porque esa información que obtuvo en 22 meses desde que firmó el contrato fue atropellando y vulnerando derechos. Lo único que hizo ENDE es ocasionar en estos 22 meses desde que firmó el contrato con la accidental china, obtener información a escondidas, causar incertidumbre en las familias, atropellar a la población", aseguró a ANF.

Barrientos dijo que el personal de ENDE se desplazó incluso los días domingos y feriados para convencer a la gente que debe apoyar el proyecto hidroeléctrico con falsas promesas de que accederán a créditos bancarios y otros beneficios.

"La gente quiere hablar con ENDE de alternativas y propuestas y no aceptó el proyecto (hidroeléctrico), nadie aceptó el proyecto, se debe respetar la propiedad privada, los derechos de las 500 familias que viven en estas comunidades", señaló.

Según el dirigente del sector de los dueños de propiedades privadas, ENDE ha generado desconfianza, duda e incertidumbre en la zona, porque no transparenta los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico.

Según el diseño final del proyecto elaborado por la empresa española con capitales chinos Eptisa, que divulgó la Fundación Solón, la hidroeléctrica Rositas afectará a 23 comunidades, de las cuales 10 serán inundadas, así como el 6,95% de la superficie de tres Áreas Protegidas (AP) circundantes al río Grande, donde también se prevé la construcción de otras hidroeléctricas.

A pesar de desmontarse 28.512 hectáreas de bosques de la zona de inundación en cuatro años, no se garantiza que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), producidos por la represa disminuyan; mucho peor, se afectará el 6,95% de la superficie de tres áreas protegidas (AP). Los impactos más críticos en la fauna tienen que ver con la afectación de al menos 22 especies de peces que ya no podrán migrar aguas arriba, ni alimentarse ni reproducirse debidamente.