En el primer libro de “La República” de Platón, el sofista Trasímaco de Calcedonia define lo justo como “lo que le conviene al más fuerte, al que tiene poder” (mientras tenga el poder) y dirá de la democracia que establece de manera democrática las leyes según le conviene al gobierno (mientras no se acaten los valores democráticos). Crudo realismo que define la legislación como lo que resulte mejor para el gobernante y que el gobernado tendrá que obedecer; alienta tiempos de desesperanza, pero, la ciudadanía con sentimientos de justicia y amor por la democracia tiene el deber de impulsar la esperanza del porvenir de una justicia superior e igualdad entre todos, donde no se llegue a ser inferior por no ser una persona poderosa.

El colapso de la justicia en Bolivia es multifactorial, pero sobresalen como factores determinantes la instauración de un desgobierno de los jueces, el razonamiento político de los operadores de justicia, el olvido de su deber de ser políticamente imparciales y el desinterés por el fortalecimiento de las competencias jurisdiccionales de jueces y magistrados. Durante los dos anteriores procesos de elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia todo estuvo mal y el irrespeto a la independencia judicial se descontrolo. Ha concluido la fase de preselección de los candidatos al Órgano Judicial, basado en la hoja de vida y la propuesta presentada por cada uno de los postulantes y, finalmente el Órgano Electoral ha realizado la convocatoria para acudir a las elecciones judiciales el primero de diciembre de 2024. Habiendo comprendido que ni la preselección de postulantes ni la elección de magistraturas ha mejorado la justicia, el ciudadano sabe que una vez que entiende algo, lo puede dominar, es decir que, frente a la manipulación electoral y la desinformación oficial, la ciudadanía democrática necesita elegir bien tomando decisiones informadas y con nuevas herramientas. Es momento de prepararse para elegir bandos y acudir a votar entendiendo que la justicia debe actuar en beneficio de todos o, dejar que actúe beneficiando a pocos; una herramienta para el cambio en la justicia es el voto estratégico ciudadano.

El artículo 11 de la Constitución reconoce el derecho a ejercer la democracia directa y participativa y el 21 establece el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones y el acceso a la información y a comunicarla libremente de manera individual o colectiva; a su vez el artículo 182, prohíbe realizar campañas a postulantes o persona alguna confiriendo al Órgano Electoral la responsabilidad de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos; por último, determina que los elegibles se harán por mayoría simple de votos. Si bien la Ley 026 (Ley del Régimen Electoral) en sus artículos 80 (Difusión de Méritos), 81 (Difusión en Medios de Comunicación) y 82 (Prohibiciones), determina el monopolio burocrático de la difusión de méritos de los candidatos a las altas magistraturas, no puede impedir la acción de las virtudes cívicas de una ciudadanía bien informada y con derecho a conocer a fondo y difundir los antecedentes reales no únicamente curriculares de los candidatos a ocupar las magistraturas del Estado Plurinacional. El acceso a la información pública y la calidad de la información son derechos constitucionales que el ciudadano tiene en una democracia fuerte.

No será difícil inferir el alineamiento de fuerzas en torno a unos y otros postulantes, pero la verdad sólo podrá conocerse ex post factum (cuando los candidatos hayan sido electos con el favor de una u otra fuerza política). En ese contexto, y a los fines de no repetir las malas experiencias de los dos anteriores procesos electorales, las y los bolivianos deben contar con información veraz para acudir a las urnas a ejercer su derecho de votar sinceramente o votar estratégicamente. Entendido el voto estratégico como la decisión de elegir al candidato menos desagradable o también al menos dañino, se puede deducir que no está en juego una elección judicial libre y competitiva sino más bien se trata de una guerra jurídica (lawfare), una guerra de aparatos, desatada por los grupos poderosos que mandan y manipulan la justicia en este país y que han decidido ex ante quienes deben ser los ganadores; entonces, las elecciones judiciales en sus tres versiones permiten considerar tres elementos para impulsar el voto estratégico ciudadano:

Uno. La componenda político-parlamentaria: los jueces y los candidatos a jueces han olvidado su deber de ser políticamente imparciales, de ahí su desesperación por tocar las puertas de la clase política prestándose a las componendas mediante el juego de los apoyos o de que se les retire los apoyos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego y antes en el gobierno. Una cosa es la hoja de vida y la propuesta presentada por cada uno de los postulantes y otra cosa muy distinta es que hayan vendido su alma al diablo, es decir que hayan comprometido sumisión a cambio de elección; quienes han llegado a la fase de preselección de una u otra manera son el resultado de componendas parlamentarias, de la influencia de grupos de presión y de la subordinación al oficialismo.

Dos. Los aparatos clandestinos: la descripción del modus operandi de las candidaturas partidistas y para que lleguen a las altas magistraturas los operadores jurídicos del gobierno del MAS e incluso de los que se consideran independientes y creen que no devolverán favores al gobierno, tiene que ver con la decisión del partido político hegemónico y con la organización de aparatos de campaña clandestinos y sin control del TSE; un patrón que ya se ha utilizado el 2011 y el 2017. No hay candidaturas con buenas intenciones ni candidatos bien intencionados frente al poder total ni al poder corrompido.

Estos aparatos clandestinos que ya empiezan a operar demuestran que el TSE no tiene capacidad de control de las campañas que subyacen al ojo ciudadano y, prefieren mirar a un costado cuando las reglas del juego se vuelven inciertas y más bien alientan certezas sobre los resultados que pueden lograr los candidatos en sus cabildeos con los poderosos antes de que se den las elecciones.

Bajo la fórmula de la mayoría simple de votos los aparatos de poder clandestinos definen quienes ocuparan las altas magistraturas según lo que le convenga al que tiene el poder. Por tanto, es inaceptable que sucedan estos actos ilegales como son las candidaturas partidistas y las postulaciones controvertidas y su promoción mediante aparatos clandestinos. Cuando no elige la mayoría de manera informada y democrática, sino que seleccionan uno o unos pocos mediante la desinformación y el aparato de camarillas, no hay elección sino imposición, o lo que vendría a ser lo mismo, juridictadura con crueldad bien templada como diría Peter Sloterdijk.

Tres. El voto estratégico y la autoridad burocrática: el proceso de elección judicial es una tensión entre la democracia directa y participativa y el monopolio de la decisión burocrática concentrada en el Órgano Electoral, cuyo resultado hasta ahora muestra un panorama desolador que se cierne sobre la justicia con mandatos caducados (autoprorrogados), con candidatos llenos de dudas y sospechas y, con el monopolio del proceso electoral en manos de la burocracia del TSE, que no garantiza imparcialidad, tampoco renovación de la justicia y menos respeto a la independencia judicial.

En este tercer proceso de elecciones judiciales la ALP ha seleccionado candidatos controvertidos para que la ciudadanía los elija sin más información sobre quienes son realmente. El mensaje ciudadano a los poderes del Estado debiera ser que ya es suficiente las lamentaciones de los de abajo y que no se dará paso a la manipulación electoral que subyace con la postulación de malos candidatos judiciales y, que hay esperanza en las puertas de los juzgados si es que los votantes coordinan estratégicamente su voto contra los peores profesionales del derecho y se logre impedir que el gobierno haga lo que quiera bajo el control de un Órgano Judicial sumiso a sus dictados. Si no se logra el objetivo, lo que se viene es la intensificación de la descomposición del sistema judicial y de la represión judicial poselectoral.

El secreto de la política radica en la organización de grupos (para hacer el bien o el mal). En las elecciones judiciales de diciembre no será diferente la incidencia de las bases organizativas de grupos de presión y del entrecruzamiento de múltiples actores con intereses propios; el voto estratégico, se prevé,  debería estar dirigido por partidos políticos oficialistas, opositores, pero también por ONG, plataformas ciudadanas, universidades públicas y privadas, gobernaciones, alcaldías y ciudadanía descontenta; se trata de un mapeo de fuerzas complejo e inherentemente conflictivo que debe iniciar un llamado al voto estratégico, a sumar estrategias que buscan mejorar la justicia y que quieren conjurar la imposición gubernamental de una fuerza judicial maligna con candidatos de dudosa procedencia. El voto estratégico es una movilización del control social para garantizar un proceso electoral libre de manipulación y para evitar la repetición de una elección judicial tramposa.

Este proceso que concluirá formalmente el 1ro de diciembre, no está exenta de un entrecruzamiento de correlaciones de fuerzas dónde grupos de interés y grupos de presión comenzarán a direccionar candidaturas que los favorezcan. De ahí la importancia de la convergencia democrática y de la necesidad de construir en este trimestre un mínimo común de ideas para ir a votar de manera informada por los menos malos; la cooperación de los actores ciudadanos organizados o no deben promover el voto ciudadano evitando el error de no votar o votar nulo o blanco como sucedió el 2011 y el 2017.

El electorado esta vez está obligado a tomar partido, a votar estratégicamente por el mal menor, por los candidatos que no son progubernamentales ni por aquellos que cuentan con aparatos clandestinos que votarán para fabricar mayorías simples indeseables. Peligroso sería no hacerlo, no detenerlos; está en manos del electorado rechazar esta burla de elecciones judiciales y propinarle un revés al gobierno nacional derrotándolo en su propio terreno. Está en manos de los electores hacer bien lo que el MAS hizo mal sometiendo la justicia a discreción de los poderosos y corruptos. Ya hicieron lo peor que pudieron haber hecho con la justicia; este es el inicio para vencerlos, no podemos ser parte nuevamente de una redada judicial indecorosa de politicastros y jueces corruptos. Ni los gobernantes ni los legisladores hicieron algo por la justicia, es hora de que los ciudadanos hagan algo para impedir que se elija magistrados corruptos; contraatacar con el voto estratégico ciudadano es la única forma de que a las víctimas de la injusticia les arrebaten su fuerza.

Hasta diciembre se abre una lucha de aparatos progubernamentales y antigubernamentales que tienen al elector legalmente silenciado. Este es un momento de alerta contra la manipulación electoral y contra la prolongación de la corrupción judicial, corremos el riesgo de dejar elegir nuevamente entre unos pocos o entre aparatos políticos a candidatos controvertidos e investir de autoridad a los peores. No votar, votar nulo o blanco es capitular ante un sistema judicial corrupto que está al servicio de políticos poderosos y ricos.  Está en manos de la ciudadanía democrática asumir el reto de transformar la justicia, para hacerla más eficiente, con jueces probos, con presupuesto razonable, con infraestructura y tecnologías de la información avanzadas y con mayor calidad.

Resumiendo, ¿Cuál es la verdad del proceso judicial? primero que en dos procesos de elecciones judiciales el gobierno del MAS ha reclutado operadores políticos para las altas magistraturas, segundo que en el nuevo proceso para ir a votar el 1ro de diciembre de 2024 los candidatos son producto de componendas políticas y parlamentarias que seleccionaron a los peores, muchos con antecedentes delictivos, de corrupción y de atentar contra la Constitución y las leyes, tercero se abre la fase de los aparatos políticos clandestinos que promoverán sus candidatos para continuar controlando el sistema judicial boliviano mediante instrucciones desde el Ejecutivo y seguir doblegando al Órgano Judicial con obvios fines de protección e impunidad a los actos de corrupción y abuso de poder de los jerarcas del gobierno nacional y de los subgobiernos nacionales.

Siempre hay un pero después de un cumplido, la Constitución nos ha conferido el derecho de participar y elegir, pero, las judiciales no son una elección, es una imposición; hemos aprendido que las elecciones judiciales son un engaño, una mentira, es hierático, ilegal, se puede frenar esta farsa electoral con conocimiento, con información veraz y con esperanza orientada hacia una futura justicia independiente en manos de jueces probos. No caigamos otra vez en el sufrido dilema que advertía el inglés John Locke “Confiáis el gobierno a aquellos de quienes desconfiáis”. Votar de manera estratégica marca un antes y un después en la lucha por una justicia superior e igualdad entre todos.