Según algunos analistas, en el último año, Bolivia ha presenciado lo que algunos consideran dos intentos de golpe de Estado. El más evidente ocurrió en junio, cuando un general descontento estrelló un vehículo blindado contra las puertas de la sede histórica del gobierno, antes de ser arrestado. Sin embargo, algunos miembros de la oposición aseguran que hubo otro intento a finales del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional intervino de manera repentina para otorgar más poder a los jueces en funciones.

De acuerdo a una publicación de The Economist, Bolivia es el único país del mundo que elige a sus magistrados mediante elecciones. México podría unirse pronto a este grupo, pero la experiencia boliviana ha sido desastrosa. Los tribunales se han convertido en un botín que los políticos buscan controlar, en lugar de ser árbitros neutrales.

El presidente Luis Arce, quien asumió el cargo en 2020, y el expresidente Evo Morales, ambos quieren ser el candidato del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año. Saben que los tribunales podrían ser quienes finalmente decidan quién lo será, lo que ha desencadenado una feroz lucha por controlarlos.

El año pasado, la oposición acusó al gobierno de Arce de sabotear las elecciones judiciales que debían celebrarse en 2023, para así mantener su influencia sobre los tribunales. Esta pugna ha envenenado tanto la política boliviana que incluso abrió la puerta a un intento de golpe por parte de militares ambiciosos.

En el sistema judicial de Bolivia, todos los puestos más altos, incluidos los del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, se disputan cada seis años. El proceso tiene dos fases: primero, el Congreso elige una lista de candidatos con una mayoría de dos tercios, y luego el pueblo vota. En 2011 y 2017, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante, contaba con una supermayoría en el Congreso, por lo que seleccionó una lista de candidatos sin apertura, consenso ni evaluación seria. 

En ambas ocasiones, la oposición pidió un voto de protesta; en ambas, aproximadamente dos tercios de los bolivianos votaron nulo o en blanco como forma de simbolismo. Esto permitió que el MAS y Morales, presidente en ese entonces, obtuvieran los jueces que querían, aunque con escasa legitimidad. “Llenaron los tribunales con sus jueces”, señala Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente de la Corte Suprema.

Al principio, Morales fue el principal beneficiado. Cuando perdió un referéndum sobre si podía postularse para un cuarto mandato consecutivo, el Tribunal Constitucional dictaminó que impedirlo violaría sus derechos humanos. Tras su salida del poder, los tribunales han mostrado sumisión al poder político de turno. Los jueces que se resisten suelen ser suspendidos por el Congreso, mientras que aquellos que favorecen al gobierno son a veces recompensados con cargos diplomáticos. Rodríguez Veltzé cree que ha habido “una pérdida generalizada de integridad” entre los jueces más altos de Bolivia.

El año pasado, el MAS se fracturó, lo que dejó a Arce con un gobierno minoritario. Con el plazo para las elecciones judiciales acercándose, el Gobierno parecía preocupado por perder influencia en los tribunales si las elecciones se llevaban a cabo. En lugar de eso, el Tribunal Constitucional prorrogó los mandatos de los jueces actuales indefinidamente. Desde entonces, la corte ha emitido fallos favorables a Arce, incluyendo una resolución que, según el gobierno, descalifica a Morales de postularse en 2025, aunque muchos expertos discrepan. Ahora, Arce también está buscando realizar un referéndum para impedir la candidatura de Morales.

El retraso en las elecciones judiciales ha paralizado la política boliviana durante el último año. Los seguidores de Morales tomaron las calles, exigiendo que se realicen las elecciones, mientras que sus legisladores bloquearon préstamos de bancos de desarrollo, agravando una crisis económica marcada por una aguda escasez de dólares. Los precios están subiendo, el combustible es escaso y la brecha entre el dólar oficial y el del mercado negro supera el 50%. Esta crisis preparó el terreno para el caótico intento de golpe de junio (algunos bolivianos sospechan que el fallido golpe fue orquestado por Arce para aumentar su popularidad).

Finalmente, las elecciones judiciales están programadas para el 1 de diciembre, pero las expectativas son bajas. La lista de candidatos es débil, y el proceso está tan viciado que muchos de los mejores no se presentaron. 

Algunos legisladores incluso parecían dictar respuestas a los candidatos durante los exámenes orales para ayudarlos a ingresar en la lista. Una vez más, los votantes se enfrentarán a boletas largas con decenas de candidatos de los que no saben nada, ya que, en un intento perverso de garantizar igualdad de condiciones, las campañas están prohibidas. La oposición podría volver a convocar un voto de protesta. “Elegiremos jueces, pero sin ninguna legitimidad”, advierte José Luis Exeni, ex vicepresidente del tribunal electoral.

Las elecciones judiciales tenían la intención de fortalecer la legitimidad y la independencia de los tribunales en Bolivia. Sin embargo, han conseguido justo lo contrario y han alimentado la creciente crisis del país. Los líderes de México “deberían visitar Bolivia para darse cuenta del fracaso que representa”, suspira Rodríguez Veltzé.