La consecuencia política no es una máxima en el ejercicio de esa profesión en Bolivia donde por lo general el transfugio es moneda común y sobre todo, no renuncia nadie, ni siquiera cuando fracasa estrepitosamente.

Hace poco más de un mes el presidente Luis Arce sorprendió a propios y extraños proponiendo un referéndum con tres puntos que pretendían resolver algunos de los problemas recurrentes y anticiparse a otro.

La iniciativa fue calificada de audaz y hasta en este diario ponderamos positivamente la estrategia de resolver los problemas consultando al pueblo, porque democracia no es votar cada cinco años y, sobre todo, porque no existe otra manera de levantar la subvención a los combustibles - que afectará muy directamente a los intereses vitales de un nutrido grupo de la población - que con un amplio respaldo social a la decisión.

También pareció propicio resolver el conflicto del MAS consultando al conjunto del padrón sobre la reelección de Evo Morales, incluso cuando la pregunta era hartera e intentaba sentar cátedra lo que dice la Constitución al respecto de la reelección, donde efectivamente solo limita a una ocasión la reelección continua. El gobierno no se atrevió a ir a Primarias ni abiertas ni cerradas, pero todavía le quedaba la posibilidad de que la gente le dijera a Evo que ya no más, pues es el único al que le afectaría el cambio.

El remate tenia que ver con un problema a punto de estallar al que los políticos le dan mucha más importancia de la que tiene: el reparto de escaños y la distribución de recursos en función de los resultados del Censo. Arce proponía aumentar curules para que nadie se sintiera “perjudicado”, pero eso, además de requerir una reforma constitucional, implicaba más gasto público.

El asunto sonaba bien, un plan ambicioso que, si salía bien, permitiría reposicionar al gobierno en la pugna interna y cambiar el relato. Sin embargo, pronto se supo que el que estaba al mando era ni más ni menos que el ministro de Justicia Iván Lima y que el asunto no estaba cerrado ni mucho menos sino que faltaban flecos por aquí y por allá, resoluciones, fallos de interpretación, y sobre todo, apuraban los plazos. El asunto se parecía demasiado al de la sentencia 1010 de final de año que desembocó en la autoprórroga de los Magistrados y finalmente, en un serio conflicto que ha minado toda la credibilidad del gobierno.

El asunto es serio: el presidente empeñó su palabra y en apenas un mes, ha quedado desautorizado por la propia realidad de los acontecimientos. El desenlace del pulso deja tocada de nuevo su credibilidad mientras que sigue creciendo la brecha en el MAS que ya es irreconciliable.

Evidentemente es Arce quien debe evaluar los acontecimientos y tomar las decisiones sobre su equipo, pero haría bien en medir a cada uno no solo por los resultados, sino también por las expectativas creadas y las consecuencias que han tenido sus acciones en el conjunto del gobierno.

La Justicia ya era el principal problema de este país y lo sigue siendo, pero además se ha situado preocupantemente cerca del gobierno, que ha perdido credibilidad a marchas aceleradas.

Un referéndum no es cualquier cosa como para borrarla con el codo.