El hecho de que el propio INE hubiera mantenido hasta ahora en sus páginas informativas proyecciones sobre el número de habitantes previstos para 2024, en una cifra muy superior a los resultados del Censo, constituye un grave error comunicacional con consecuencias políticas. Sabiendo sobre la sensibilidad del tema en la mayoría de los departamentos, se pudo haber anticipado los argumentos que a posteriori han resultado inverosímiles. En efecto, el cambio en las tasas intercensales de natalidad y de mortalidad, así como la magnitud de las migraciones eran datos conocidos por parte de sociólogos y demógrafos, aunque la magnitud de su variación no alcanzaba a las mediciones censales.

Las cifras censales han provocado reacciones de incredulidad y sospecha de manipulación maliciosa. La falta de consistencia en su presentación oficial ha provocado inmediato rechazo en la población, que se siente burlada y afectada en sus expectativas sobre el futuro de sus ciudades de residencia. Ni que se diga de las aspiraciones frustradas de aumentar el número de parlamentarios.

La urbanización creciente del país en la década pasada y en lo que corre de la actual, con su correlato de vaciamiento de la población rural, es una tendencia claramente identificada, y tiene su soporte en la dinámica de la construcción residencial y en las edificaciones que se multiplican con o sin los correspondientes permisos municipales. Es muy difícil admitir que se trate de percepciones completamente equivocadas.

Para colmo de males, el ministro Montenegro ya ha anunciado que a partir de este mes de septiembre la distribución de recursos fiscales a los departamentos y municipios se hará con base en las cifras del Censo, lo cual ha exacerbado las protestas en vista de que los montos resultantes están muy lejos de las expectativas de la mayoría de los alcaldes, que no podrán atender a la población realmente residente en sus municipios en temas de salud, educación y otros servicios básicos.

Se trata de un problema político grave puesto que pone de manifiesto los problemas del centralismo, de la desinstitucionalización, de la falta de trasparencia en el manejo de los recursos fiscales y la ausencia de voluntad política para realizar consultas genuinas con los distintos actores políticos, económicos, sociales e institucionales a fin de contar con su participación en la búsqueda de soluciones efectivas a una situación económica cada vez más preocupante, cuyas dimensiones crecen día a día en la medida en que se anticipan cabildos, marchas y movilizaciones de todo tipo de reivindicaciones y demandas.

La inestabilidad social podría aumentar mucho más todavía, si no cambian el estilo autoritario de gestión gubernamental y el enfoque equivocado de las medidas destinadas a abatir administrativamente la inflación, la escasez de dólares y de diésel. No se equivoca la gente cuando intuye que todas las respuestas instrumentadas por el Gobierno responden a intereses políticos antes que a una genuina estrategia integral de soluciones justas.

Horst Grebe
es economista