El ministro de Justicia, Iván Lima, pone en duda la capacidad del Legislativo y siembra dudas sobre el proceso de selección de postulantes a Fiscal General del Estado. Adelanta que si el Parlamento, por sus peleas, no se pone de acuerdo para elegir una nueva autoridad en el plazo establecido, el presidente Luis Arce, puede designar por decreto supremo a un nuevo Fiscal en reemplazo de Juan Lanchipa, quien está a punto de concluir su mandato.

La arremetida del titular de Justicia contra el Legislativo, despertó a los parlamentarios, en especial, a los senadores del bando 'evista' del MAS. Uno de ellos fue el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, que rechazó las críticas de Lima y alertó que el titular de Justicia prepara un “plan para sabotear” la preselección de postulantes para Fiscal General porque “hizo lo mismo con las elecciones judiciales”. En ese marco, le dijo a Lima que se ocupe de sus funciones como funcionario del Ejecutivo, que deje trabajar al Legislativo y que respete las atribuciones que tiene este órgano estatal.

Y como remate, le recordó que el presidente Luis Arce, no tiene atribuciones constitucionales para designar al Fiscal General por decreto y que ésa es atribución de los parlamentarios.

En ese escenario, las cabezas más visibles de 'evistas' y 'arcistas' del MAS, protagonizan un nuevo round mediático.

Nuevo Fiscal, ¿por decreto?

Mientras la Comisión Mixta de Justicia espera que los abogados, con preferencia penalistas, vayan a registrar sus postulaciones al cargo, Lima adelantó que en caso de que el Parlamento no logre elegir a un nuevo Fiscal, el presidente Luis Arce elegirá a una nueva autoridad por decreto supremo.

“Es una de las posibilidades que se puede ver en un Estado, ojalá que la Asamblea siga el camino democrático y constitucional y logre el acuerdo de dos tercios (…) en la medida que tengamos buenos candidatos y la Asamblea (Legislativa) elija a un fiscal general, el presidente (Luis Arce) no va a tener que emitir un decreto”, adelantó el ministro Lima Magne.

El titular de Justicia hizo una radiografía de la Asamblea Legislativa y la división de todas las bancadas parlamentarias que originalmente eran tres: MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, pero que ahora están peleadas y fraccionadas. Para la autoridad, esta división no garantiza que en el Legislativo se logren dos tercios para elegir a un nuevo Fiscal.

“La Asamblea tiene que tener la claridad de que el Estado tiene que seguir funcionando, y una de las vías posibles es que el presidente Arce nombre al próximo fiscal general por vía decreto”, insistió Lima en radio Fides.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 172 de la Constitución Política del Estado señala las atribuciones que tiene el presidente y en el primer punto instruye al jefe de Estado que su primera atribución es “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. A continuación, cita otros 26 puntos que detallan las facultades constitucionales del mandatario.

Los puntos 15, 17, 18, 21, 22 y 23 establecen qué autoridades pueden ser designadas por el presidente del país, entre ellas está elegir de entre las ternas que le mande el Legislativo, al Contralor General del Estado, al presidente del Banco Central de Bolivia y a los presidentes de entidades de función económica y social del Estado.

Los puntos 17 y 18 dicen que el presidente puede designar y destituir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Los puntos 21, 22 y 23 dicen que el jefe de Estado puede designar a sus delegados ante el Órgano Electoral, elegir a sus ministros y por último al Procurador General del Estado.

En ninguno de los puntos de este artículo constitucional dice que el presidente del Estado puede nombrar por decreto al Fiscal General del Estado.

Los artículos 127 y 128 de la Constitución Política boliviana, también se refieren al tema: El 127 dice que el Fiscal General del Estado “se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público”.

El artículo 128 dice que el Fiscal General “ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación”.

Andrónico alerta de “plan de sabotaje” de Lima

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, rechazó las declaraciones del ministro Lima y dedujo que las mismas revelan “un plan para sabotear” el trabajo que realiza la Comisión Mixta de Justicia que está encargada de preseleccionar una terna de postulantes al cargo de Fiscal General.

“Lamentamos muchísimo la declaración del ministro (Iván Lima) porque él como autoridad de Estado, anticipa y desahucia prácticamente el trabajo de las comisiones y de la Asamblea (Legislativa), lo que significa es que ya tienen todo un plan para sabotear este proceso de selección y designación”, aseguró el senador Rodríguez.

El legislador apuntó a Lima como el artífice de todos los problemas y bloqueos que tuvo el Legislativo en el trabajo de preselección de postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional, proceso que se retrasó un año.

“Hizo lo mismo con las elecciones Judiciales, y hemos tenido un sinfín de problemas precisamente, por la intromisión desde el Ministerio de Justicia y los propios autoprorrogados. Ahora el ministro (Iván Lima) con toda la franqueza y normalidad anticipa que la Asamblea (Legislativa) no va a ponerse de acuerdo y por tanto, ‘vamos a designar por decreto’. ¿En qué parte de la Constitución avala que designen por decreto?”, cuestionó Rodríguez.

Lima,, a través de su cuenta en X, le dedicó un extenso mensaje a Rodríguez y entre ocas cosas dijo que a la hora de hablar de las atribuciones del Senado selecciona los temas de acuerdo a su conveniencia. “Recuerda airadamente que una de ellas es la designación del Fiscal General, pero no menciona el retraso que tiene en la designación del Contralor”, dijo Lima.

El Legislativo tiene más de dos años de retraso en la elección de una terna para el cargo de Contralor General del Estado. En mayo de 2022, el proceso se estancó tras un desacuerdo entre las tres bancadas. Mientras, el presidente Arce designó a Nora Mamani como contralora general interina. Ya son más de dos años de interinato de Mamani y la Asamblea Legislativa no habla de retomar el tema.

El Contralor General del Estado debe ser elegido por el presidente, de una terna de postulantes que preselecciona la Asamblea Legislativa.

Y en cuanto a la preselección de candidatos al Órgano Judicial, Lima reprobó el trabajo de los parlamentarios, mencionó “las trampas que se descubrieron en el examen para elegir a los candidatos a magistrados”, en alusión a la senadora 'evista' Patricia Arce, que fue filmada mientras hacía señas con las manos y su cabeza a dos postulantes en pleno examen oral.

Para Andrónico, con todo lo mencionado, Lima desahució el trabajo de los parlamentarios, ante lo cual salió en defensa del Legislativo.

“Cae en saco roto todo lo que menciona y acusa el ministro de Justicia, anticipando (que el Legislativo) no se va a poner de acuerdo (…) ya deben tener preparado el decreto supremo. Le pedimos (a Iván Lima) cumplir sus funciones, lea sus funciones y dedíquese al trabajo que le encomienda la Constitución y las normas como ministro de Estado y no se inmiscuya en temas de la Asamblea Legislativa”, afirmó Rodríguez.

Proceso de preselección en marcha

Desde el miércoles 4 de septiembre, la Comisión Mixta de Justicia abrió la fase de inscripción de los abogados, con preferencia expertos penalistas, que deseen postular al cargo de Fiscal General del Estado. Hasta la fecha, no existen inscritos, pero según el cronograma, los interesados pueden presentar sus postulaciones hasta el miércoles 18 de septiembre.

Este proceso de selección tiene 14 fases y dura 45 días, tiempo en el cual los legisladores evaluarán si los postulantes cumplen o no con los requisitos de la convocatoria, examinarán sus hojas de vida y experiencia profesional y examinarán a los mismos con pruebas orales y la exposición de sus planes de trabajo, todo este proceso será por 200 puntos.

Los postulantes que superen los 130 puntos serán considerados en una terna que será enviada al pleno de la Asamblea Legislativa donde en sesión de ambas cámaras los legisladores elegirán al nuevo fiscal con dos tercios de voto de los presentes.